Por Enrique Garay
Es imperativo componer el desarreglo normativo que afecta al desarrollo de la inversión de las mineras junior en particular, que son el principio de muchos grandes descubrimientos.
Las ocurrencias de yacimientos minerales en el territorio peruano es una realidad que como geólogo puedo testimoniar y es algo que se puede verificar con los mapas metalogenéticos elaborados desde la década de 1950. En prospectiva, no debiera sorprendernos que debemos contar con minerales estratégicos, tan necesarios para la transición energética en la que está encaminado el mundo. El Perú es un país minero desde la época preinca, nuestro país es un importante productor de materias primas, en el mundo, somos los segundos productores de cobre y plata, así mismo somos importantes productores de oro, plomo, zinc y estaño.
La minería formal y moderna es una actividad muy importante para el país, representa el 60 % de nuestras exportaciones, aproximadamente el 12 % del PBI, es un importante generador de impuestos y genera trabajo directo a aproximadamente 250,000 personas y de manera indirecta a otras 6 u 8 personas más.
En ese escenario, el cobre, un fabuloso metal base, es un protagonista para esta nueva era y Latinoamérica concentra las mayores reservas probadas de cobre del mundo, en el que Perú ocupa el segundo lugar a nivel global, según información del USGS, de enero del 2024.
En esta nueva etapa en la que, desde los vehículos eléctricos, máquinas para la obtención de energía renovable hasta los nanocomponentes, la plata es otro metal requerido. El USGS también ubica al país andino como el segundo más importante en reservas de este metal precioso. Para dimensionar la demanda, se calcula que su consumo por la elaboración de baterías eléctricas será mucho mayor al requerido por la industria fotográfica del siglo pasado.
Tal es la riqueza minera del territorio peruano, que, si bien el 2023 empezó algo complicado por razones políticas, ese periodo registró US$ 433 millones de inversión en exploración minera, ligeramente superior que el año anterior y por encima del que hubo el 2019, año precovid, que fue de US$ 356 millones.
Es indiscutible que Perú en este momento tiene una gran oportunidad para el aprovechamiento de sus recursos minerales y para lograrlo requiere hacer algunos ajustes a las disposiciones que se incorporaron hace pocos años al esquema regulatorio nacional, que se convirtió en un gran desafío para las inversiones en exploración minera. Algo que afecta al atractivo del país visto desde las empresas mineras juniors con capital y tiempo limitado.
Pude constatar que una Declaración de Impacto Ambiental, que en Chile se conoce como “pertinencia” tarda tres meses; en Estados Unidos, dos semanas; mientras que, en Perú, puede ser 24 meses.
En ese escenario, es imperativo componer el desarreglo normativo que afecta al desarrollo de la inversión de las mineras junior en particular, que son el principio de muchos grandes descubrimientos en el mundo. Aunque no es fácil es posible, más aún con las actuales autoridades en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que tienen la competencia técnica para hacerlo. Entendemos que la nueva gestión del Minem está implementando la Ventanilla Única Digital para agilizar los permisos, pero entendemos que aún se pueden hacer mayores esfuerzos con el objetivo final de que los permisos para la exploración minera sean más ágiles y de este modo incentivar la inversión y lograr los descubrimientos de yacimientos que el Perú requiere para consolidar su crecimiento.