Este viernes 20 se llevará a cabo una audiencia de informe oral en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para adoptar una decisión final respecto de la denuncia presentada por Sociedad Minera Corona S.A.C. contra OEFA a fin de no pagar el Aporte por Regulación (APR).
El OEFA indicó que, de favorecer la posición de la empresa, tendría serias dificultades para cumplir sus actividades de fiscalización ambiental previstas para el presente año, pues dicha contribución, para el 2015, representa el 80% de su presupuesto institucional.
El 14 de octubre del 2014, en primera instancia, el Indecopi, si bien señaló que las empresas mineras deben pagar el APR, y el OEFA percibirlo, dicha instancia señaló que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) debía cobrar el APR y luego transferirlo al OEFA.
Al respecto, el OEFA consideró que el Indecopi actuó incorrectamente al designar al Osinergmin como cobrador del APR porque desconoció la condición de acreedor tributario del OEFA.
A la fecha, el Poder Judicial ha emitido dos sentencias (procesos de acción popular) que ratifican la constitucionalidad y legalidad del APR que percibe el OEFA y, en consecuencia, ha declarado infundada la demanda de Acción Popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Minera Colibrí S.A.C.
Además aseguró que la Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 ratifica la calidad de acreedor tributario del OEFA con relación al APR.
El OEFA exhortó al Indecopi a que, en la decisión final, respete los pronunciamientos del Poder Judicial y la Ley N° 30282, y desestime la denuncia planteada por la empresa minera.
“De lo contario, el Indecopi estaría desconociendo la prevalencia de los fallos del Poder Judicial sobre los suyos, que son de carácter administrativo, y las atribuciones que el OEFA tiene asignadas por ley”, manifestó.
El OEFA afirmó que se encuentra ante la amenaza de no poder realizar las actividades que ha previsto para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de cinco planes integrales de evaluación ambiental, ocho monitoreos participativos, entre otras actividades de fiscalización ambiental.
Esta situación es grave, pues se paralizaría la fiscalización ambiental en sectores sumamente sensibles por los impactos ambientales que pueden generar.
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