Gregoria Casas, investigada por presunto lavado de dinero procedente de la defraudación tributaria, indicó en que por más de 20 años trabajó “como artesanal hasta el gobierno de Fujimori cuando llegaron las empresas de maquinaria“.
La minería informal e ilegal en Perú pasó de hacerse a pequeña escala a emplear maquinaria pesada durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), según una entrevista publicada con una mujer vinculada con esa actividad, investigada por lavado de dinero y acusada de depredar la selva.
Gregoria Casas, de 71 años y nacida en la región sureña del Cuzco, hizo tal declaración al diario limeño El Comercio, rotativo que indicó que la mujer ha vendido hasta el momento 46 millones de soles (unos US$16,4 millones) en oro ilegal.
La mujer, investigada por presunto lavado de dinero procedente de la defraudación tributaria, aseguró que realiza sus operaciones en la zona de Huepetuhe, un distrito de la región Madre de Dios que es considerado el más afectado por los relaves de la minería ilegal.
Casas indicó que llegó a la zona hace 48 años y que por más de 20 años trabajó “como artesanal hasta el Gobierno de Fujimori cuando llegaron las empresas de maquinaria”.
Según la septuagenaria, a la que los medios describen como analfabeta, la extracción a pequeña escala del oro cambió “con Fujimori, cuando los empresarios de Lima nos vendieron maquinaria” y que en ese momento se dio “la fiebre de las máquinas”.
La mujer reveló que actualmente tiene cuatro concesiones, junto a su esposo y sus hijos, y que ha vendido el oro obtenido a empresas legales.
También negó saber a dónde llega el oro que extrae de la amazonía peruana, que El Comercio aseguró que termina en Suiza, a la vez que dijo que no ingresa a las zonas de reservas naturales en las que está prohibida cualquier tipo de minería.
“Que investiguen a todos, no solo a mí. Que me bombardeen si me encuentran trabajando en zona de reserva natural, con qué cara voy a reclamar”, señaló al comentar las acciones de combate a la minería ilegal que impulsa el gobierno peruano desde 2011.
El gobierno anunció que en abril de 2014 terminará el proceso de formalización de los pequeños mineros y de los mineros artesanales, quienes no utilizan maquinaria pesada y trabajan en zonas autorizadas, y que reprimirá duramente a los que se encuentren fuera de la ley.
Las autoridades han destruido durante el año más de 300 equipos y artefactos utilizados en la minería ilegal, en cumplimiento de la política de “tolerancia cero” con estas operaciones que contaminan y destruyen la Amazonía peruana.
Los mineros informales de Perú levantaron el sábado pasado una huelga que mantenían en reclamo por el plan de formalización del Gobierno, tras llegar a un acuerdo con autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Los dirigentes de los mineros acordaron “trabajar de forma ordenada y con normas ambientales simplificadas” y se comprometieron a separarse de los ilegales.
Fuente: América Economía