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Día de la Energía: proponen detener el exceso de regulación para impulsar el sector minero energético

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Laub & Quijandría Energy Group. Conferencia para anunciar séptima edición del Congreso Internacional “Día de la Energía”.

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En el marco del anuncio del VII Congreso Internacional “Día de la Energía”, Anthony Laub aseguró que no ha dado resultados el Plan Nacional de Simplificación Administrativa que puso en marcha el Estado el 2013.

En conferencia de prensa convocada para anunciar la séptima edición del Congreso Internacional “Día de la Energía”, que este año analizará la burocracia y la sobre regulación en energía y minas, el socio de Laub & Quijandría Energy Group, Anthony Laub, lamentó que no hayan dado resultados los mecanismos de simplificación administrativa creados por el Estado; sin embargo, indicó que ello era predecible si se tiene en cuenta que en los años 90s sólo existían 5 actores estatales que intervenían directa e indirectamente en la regulación, mientras que hoy en día hay más de 15.

Asimismo, se refirió a las barreras burocráticas que enfrentan los emergentes proyectos del sector:

“No es posible que existan proyectos de inversión que hayan tenido que esperar más de 50 meses para obtener la aprobación de sus Estudios de Impacto Ambiental, cuando los plazos fijados en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (“TUPA”) son en promedio de 6 meses”, lamentó.

Señaló que, si el Estado Peruano no supera esta situación, la economía seguirá estancada, a diferencia de los países vecinos como Chile, cuyo PBI sigue en crecimiento y que se proyecta líder en el crecimiento económico de la Región en el 2018.

Subsector Eléctrico

Carlos Gomero, socio de Laub & Quijandría Energy Group, indicó que en el escenario de sobreoferta de capacidad de generación que atraviesa el Perú, los costos marginales de los últimos años continúan siendo bajos, lo cual no incentiva nuevas inversiones en generación; y si bien los posibles problemas no se presentarán en los siguientes 3 años, hacia el 2022 en adelante podríamos tener un impacto en precios debido a la ausencia de oferta eficiente. “El desafío del Estado es promover nueva inversión en generación para el 2023 en adelante”, destacó.

Subsector Hidrocarburos

En la conferencia de prensa, Anthony Laub advirtió que la industria petrolera se encuentra atravesando “uno de sus peores momentos”, registrando en lo que va del 2018 una producción de petróleo en su mínimo histórico, una disminución de contratos en fases de exploración, y, por si ello no fuera poco, soportando la intervención política con la derogación de los decretos supremos que aprobaron los contratos de licencia con la empresa Tullow Oil, esto último con el argumento de optimizar el proceso de participación ciudadana. Sin embargo, a la fecha el Estado no ha adoptado ninguna medida que trate de revertir dicha situación.

También está pendiente la reactivación de los 16 contratos (de los 46 contratos vigentes que tiene suscrito Perupetro S.A.) que se encuentran con obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor, principalmente por aspectos sociales y aprobación de estudios ambientales.

Sector Minero

En cuanto al Sector Minero, los socios de Laub & Quijandría Energy Group indicaron que si bien se ha notado una recuperación de la inversión en los últimos dos años, no queda claro el panorama a partir del 2019. La cartera de proyectos está concentrada en algunos que aún se encuentran en etapa de pre-factibilidad o en el desarrollo de su factibilidad, por lo que su futuro es aún incierto.

Asimismo, señalaron que muchos de esos proyectos deben aún realizar sus Estudios de Impacto Ambiental y pasar por obtener una serie de permisos y autorizaciones que demandarán lidiar con más de 15 instituciones del Estado, lo cual hace más compleja su concreción. “Cada día de demora en el desarrollo de un proyecto tienen un alto costo para los inversionistas y posterga los beneficios que puede recibir el país”. Indicaron que a ello hay que sumarle las condiciones sociales y políticas que se manifiestan a nivel regional y local que puede poner en riesgo la toma de decisiones de los inversionistas.

“El ingreso de nuevas autoridades a partir del 2019 presenta un gran reto y oportunidad para trabajo conjunto entre los diversos actores involucrados en las actividades mineras”, indicaron.

Dificultades burocráticas

Al anunciar la realización del VII Congreso Internacional “Día de la Energía”, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre bajo la organización de Laub & Quijandría Energy Group, los socios de dicha consultora indicaron que una de las dificultades burocráticas más resaltantes en el Sector Energía y Minas es el desconocimiento de la legislación por parte de los funcionarios, lo cual lleva al incumplimiento de los plazos TUPA, quitando predictibilidad a los inversionistas.

Asimismo, resaltaron que en los últimos años el Ministerio del Ambiente se ha convertido en un supra ministerio al que todos los demás deben someter sus políticas, aun cuando el ordenamiento jurídico no lo dispone de esa manera.

Por otro lado, informaron que los conflictos sociales están en aumento y que el Estado no hace nada para superarlos y evitar que los mismos ahuyenten la inversión. Según la la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al 31 de julio de 2018 se registraron un total de 203 conflictos sociales, de los cuales el 56% están relacionados a los proyectos minero-energéticos.

Propuestas de Cambios

Carlos Gomero, socio de Laub & Quijandría Energy Group, propuso la creación de un solo régimen regulatorio para los proyectos eléctricos, que sea estable y predecible para todos los operadores y acabar con el esquema actual en el que las nuevas inversiones se han dado a partir de regímenes con incentivos por parte del Estado. Además, aseguró que, en un escenario de sobreoferta de capacidad instalada del 90%, en el que se han adjudicado proyectos solares y eólicos con precios competitivos, estas tecnologías podrían ya competir en igualdad de condiciones con las tecnologías convencionales.

Para el subsector hidrocarburos, planteó que el Estado trabaje cuanto antes en una reforma del régimen legal, con incentivos claros y razonables que promuevan la exploración y explotación de hidrocarburos, diferenciando las zonas de producción y un escalamiento de las regalías según el precio internacional del crudo. Indicó que se requieren entidades más ágiles y una urgente reducción/simplificación de procedimientos administrativos.

Finalmente, en cuando al Sector Minero precisó que no debe permitirse la demora de las inversiones que oscilan en unos US$47,000 millones en promedio, para lo cual se requiere un trabajo conjunto entre el gobierno central, regional y municipal con una mejor gestión pública.

 

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