Javier Illescas, director ejecutivo de Proinversión.
La Ley de Obras por Impuestos (Ley N° 29230), que implementa ProInversión, ingresó a una etapa de mayor aceptación, con un compromiso de inversión de 403 millones de soles para la ejecución de infraestructura social por parte del sector privado, a favor de las regiones más necesitadas del país, afirmó su director ejecutivo, Javier Illescas.
“Ese monto está distribuido en 11 obras culminadas con 33 millones de soles; 18 obras adjudicadas en curso, que suman 241 millones de soles; y 8 en procesos ya convocados, por 129 millones de soles”, detalló el funcionario.
La ley de obras por impuestos, permite agilizar la ejecución de obras públicas con la participación de las empresas privadas, que adelantan así el pago del Impuesto a la Renta concretando proyectos de infraestructura priorizados por los gobiernos regionales y locales.
El funcionario indicó que entre las obras que se pueden construir bajo esta modalidad, figuran caminos vecinales, pistas, carreteras, tratamiento de aguas residuales, centros educativos, hospitales, albergues, agua y desagüe, defensas ribereñas, canales de irrigación, escuelas y centros de salud.
Empresas que aplican
En este proceso, destaca la participación de Volcan, Banco de Crédito del Perú, Backus y Cementos Pacasmayo.
“La del monto más alto entre las obras ejecutadas, es de 6 millones de soles para un proyecto de agua, ejecutado por el Banco de Crédito, y otro de monto similar desarrollado por Volcan”, pormenorizó.
Destacó entre 18 obras adjudicadas, los 110 millones de soles para el Puente Chilina, a cargo del gobierno regional de Arequipa y Southern Perú; y un intercambio vial en Trujillo, por Cementos Pacasmayo.
“Mientras que en los proyectos recién convocados existen montos de: 53, 41, 15 y 10 millones de soles “, puntualizó.
Subrayó que las obras realizadas por esta vía mejoraron la vida en varias zonas. “En Piura, el Banco de Crédito ha provisto de agua potable a una zona con 6 millones de soles y en Andoas, Loreto, Pluspetrol construyó un colegio en un campo donde no había casi nada, refirió.
Empresas pueden proponer obras
Illescas manifestó que con los ajustes hechos al reglamento de la ley en cuestión, las empresas pueden proponer proyectos, sin estar sujetas a los planes de inversión pública de los gobiernos subnacionales, lo cual servirá para mejorar el proceso.
“Bajo este marco, la empresa puede elaborar los estudios de pre y factibilidad y otros, cuyos gastos le serán reconocidos”, añadió.
Asimismo, dijo que otro cambio es el descuento a los gobiernos regionales y locales por concepto de las obras; se hace contra el 30 por ciento del canon y sobrecanon que tienen, y ya no contra el 80 por ciento, que restringía la liquidez y hacía poco atractivo el uso del instrumento.
Mejor relación con comunidad
El funcionario aseguró que la Ley de Obras por Impuestos encierra beneficios innegables para las autoridades y las empresas participantes. “Por un lado, el gobierno local o regional puede satisfacer algunas necesidades de la comunidad, logrando una obra pública de utilidad; y por otro, la empresa privada descarga su impuesto a la renta y contribuye a hacer realidad una infraestructura social, que puede mejorar su relación con la comunidad”, explicó.
Remarcó que dichos proyectos deberán tener un componente social y sostenible, y contribuir, por ejemplo, a mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Desconocimiento de la norma
Illescas sostuvo que uno de los principales escollos es el desconocimiento de la norma, pues hay gobiernos subnacionales que desconocen que existe o la confunden, y que ocurre algo parecido con algunas empresas, lo que trunca la materialización de algunos proyectos.
Lamentó que a veces la cartera de proyectos aprobada por los gobiernos subnacionales no sean atractivos para las empresas, y si estas no proponen iniciativas, el instrumento no se vialibiliza.
También reconoció, que en algunos casos hay falta de voluntad política de los gobiernos regionales y locales.
