El abogado Richard O’Diana, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), declaró que la acción de amparo se presentó porque se agotaron todas las vías administrativas tanto en el Ministerio de Energía y Minas como el de Cultura.
Dos pueblos indígenas de la región Amazonas presentaron hoy una demanda de amparo para que se detenga la exploración y se someta a un proceso de consulta previa las actividades en un lote asignado a la [highlight]empresa canadiense Pacific Rubiales y a la francesa Maurel Et Prom[/highlight].
El lote 116 «se superpone a 73 comunidades tituladas», dijeron los dirigentes de los awajun y los wampis, que son apoyados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos(CNDDHH), en una rueda de prensa en Lima.
«El Estado debía, por lo menos, haber coordinado con nosotros; en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) solo consideraron a tres comunidades», afirmó Wrays Pérez, en representación de las dos comunidades.
El dirigente enfatizó que «el derecho de consulta es constitucional» y aseguró que los trabajos de exploración «están contaminando las aguas, los bosques y ahuyentando la cacería«. «No estamos diciendo que no queremos que haya desarrollo, sino que se cumplan las leyes», añadió.
Ananías Shawit, de la Federación Indígena de Shawit, remarcó que la llegada de lasempresas petroleras a su territorio, cercano a la frontera selvática con Ecuador, ha generado una división en sus comunidades.
«Antes de la llegada de las empresas nosotros estábamos unidos, solidarios. Compartíamos una sola lucha, pero la empresa ha creado divisionismo(…) este territorio es herencia de nuestros antepasados, antes de la fundación del Perú«, señaló.
Shawit aseguró que las comunidades quieren que el Estado dialogue con ellos, pero no confían en sus propuestas porque desean que los dejen «vivir tranquilos». (Con información de EFE).
La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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