– Ni la mina Cobriza ni el Complejo Metalúrgico de La Oroya lograron venderse. Decisión final de la liquidación se hará en el próximo gobierno.
Una de las promesas incumplidas de este gobierno fue solucionar el tema en La Oroya, con la venta de Doe Run y cumplir así con todos los acreedores y reactivar la situación económica local. Pese a que el gobierno es poseedor del 60% de las acreencias, lo que se tiene a la fecha es una postergación hasta agosto (con un nuevo gobierno).
Para el experto en minería y gestión ambiental, Juan Aste, en efecto, el Estado no le ha dado la importancia del caso a La Oroya y se ha encontrado en situación de abandono pensando que era un tema privado, cuando más bien era su responsabilidad.
«Esto ha significado que en las propias juntas (de acreedores) no haya un chequeo de si lo que recomiendan es una liquidación. Habría que revisarlo porque lo que ha habido es un gasto, una descapitalización de la propia empresa y no una solución. Qué garantiza si deliberadamente llevaron la situación a ese punto», cuestionó.
Desde el 2012 a la fecha han pasado tres liquidadores por Doe Run Perú (DRP): Right Business, Profit y hoy Dirige. De acuerdo con cálculos de los acreedores laborales, los honorarios sumados de las empresas ascienden a no menos de S/ 20 millones.
Pese a estos ingentes sueldos, los liquidadores no han logrado resolver el tema central para el cual se les contrató, que es vender los activos de DRP, constituido por la mina Cobriza y el Complejo Metalúrgico de la Oroya (CMLO).
A la fecha, se desconoce cuándo Dirige lanzará las bases del concurso, el mismo que buscará adjudicar DRP a un nuevo dueño el 27 de agosto próximo.
Según fuentes bien informadas, son cuatro consorcios los interesados en este concurso, siendo el más firme Eetac Syndicate Limited (del que forma parte una gran empresa minero-refinera de China) quien ha ofrecido invertir US$ 500 millones para un plan de modernización para poner en marcha dos circuitos (plomo y zinc) y reducir de 900 toneladas por día de dióxido de azufre a 117 TN/día en 30 meses.
«Ese inversionista debiera analizar si le cuadra en el flujo financiero, en los ingresos a los precios actuales, con los costos actuales que pueda traducirse con la utilización de gas natural y el costo de la cal (que también puede reducirse) si estuviera cerca a La Oroya», acotó Aste.
En esa línea, Carlos Villachica, consultor metalúrgico y ambiental, ha propuesto para reactivar los circuitos de zinc y plomo del CMLO, así como la alternativa de cumplir con el estándar ambiental de los 80 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre. Precisó que su propuesta demandaría una inversión de US$ 8 millones.
Un hecho que cuestionó el experto es que uno de los temas centrales con la paralización de la refinación en La Oroya ha sido las cuantiosas pérdidas en exportaciones con valor agregado, así como en mano de obra que el Perú exporta de manera indirecta.
«Lo que en el Perú se deja de darle valor agregado, en el extranjero se refina y nos lo vuelven a vender como producto final. No puede ser posible que el Perú es el primer productor de plata del mundo y apenas refina un poco más del 3%», criticó.
Con las agujas del reloj en contra, tal parece que nuevamente se buscará algún tipo de salvavidas desde el Estado para evitar conflicto social en La Oroya por el caso DRP.
Sancionan a Right Business por desviar S/2.5 millones
Tras abrir un proceso sancionador contra la empresa en el 2015, Indecopi investigó el supuesto desvío de dinero de manos de Right Busines entre el 2012 y el 2014, tras una denuncia de los acreedores laborales de Doe Run.
Así, tras analizar los hechos, la Comisión de Procedimientos Concursales de Lima Sur del Indecopi resolvió aplicar una sanción administrativa por incumplimiento de obligaciones, con una multa de seis unidades impositivas tributarias (UIT), monto que ascendería a unos S/23.700.
Si bien el monto podría ser considerado como simbólico, la resolución emitida por el Indecopi abre las puertas a un posible juicio penal contra Right Business por la mala práctica al frente de Doe Run.
La República.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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