Si bien el caso Las Bambas tiene más notoriedad, en el Gobierno hay latentes casi 200 demandas por atender.
La tensa situación que viven las comunidades cercanas al proyecto minero Las Bambas y el consorcio MMG Limited, en la región Apurímac, se ha convertido en los últimos meses en el conflicto social más mediático que afronta el país. Y aunque se trata de un problema grave, con varias idas y venidas, no es ni de lejos el único que el Gobierno debe atender.
En total, son 183 conflictos sociales, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo que incluye datos registrados hasta el mes de marzo. De todos estos conflictos, 135 figuran como activos y 48 como latentes. Pero el dato más alarmante, quizá, es el que señala que entre febrero y marzo se sumaron 5 nuevos conflictos (dos de ellos vinculados a Las Bambas) a la lista y ni uno solo pudo resolverse.
Las Bambas, por ahora, se encuentra entre los casos en proceso de diálogo. Recordemos las recientes conversaciones entre comuneros y autoridades del Gobierno, además de la tregua que los pobladores de Fuerabamba dieron a MMG Limited hasta el próximo 20 de mayo. Sin embargo, las diferencias aún no han sido resueltas y un paso en falso podría avivar las protestas.
Regiones más recurrentes
Pero el Reporte de Conflictos Sociales N° 181 de la Defensoría nos da también un panorama de las regiones con más casos reportados. Áncash, con 25, encabeza la lista, seguida por Puno y Cusco, con 17 casos cada una. En cuanto a la tipología, los casos socioambientales siguen siendo los más recurrentes (62.8%) desde el 2007.
Fuente: La República