El reciente anuncio del Ejecutivo peruano sobre la aprobación de la ley que permite el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos administrados por las AFP ha generado un gran impacto en la población. Esta medida, que llega tras apenas una semana de deliberaciones, tiene como objetivo brindar un alivio financiero a los afiliados en tiempos de crisis económica.
El proceso para este séptimo retiro de fondos implica la publicación de un procedimiento operativo por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 15 días calendario, es decir, hasta el 03 de mayo. Esto permitirá que las solicitudes de retiro comiencen a partir del 13 de mayo, según señala Jorge Carrillo Acosta, profesor en finanzas de Pacífico Business School.
El retiro se realizará en cuatro partes, cada una correspondiente a 1 UIT, con fechas establecidas a partir de junio. Este plan busca proporcionar un alivio progresivo a los afiliados, comenzando el 12 de junio, seguido por retiros en julio, agosto y septiembre. Sin embargo, es importante destacar que el plazo para solicitar los retiros vencerá el 11 de agosto, lo que significa que los afiliados deben actuar dentro de los 90 días posteriores al inicio del procedimiento operativo.
Aunque esta medida busca aliviar la situación económica de muchos peruanos, no está exenta de controversia y preocupaciones. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que alrededor de 7.4 millones de afiliados podrían quedarse sin saldos en sus cuentas de pensiones debido a este séptimo retiro. Esto significa que aproximadamente el 90% de los afiliados podrían enfrentar dificultades para cubrir sus necesidades de jubilación en el futuro.
Además, la SBS ha advertido que la cartera de ahorros administrada por las AFP retrocederá a niveles de hace 13 años como resultado de estos retiros masivos. Esto plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en el país a largo plazo.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resalta la situación precaria de los trabajadores peruanos, con altos niveles de informalidad laboral que limitan sus contribuciones al sistema de pensiones. Según este estudio, los trabajadores peruanos solo aportan durante el 36% de su trayectoria laboral, lo que resulta en pensiones promedio que representan solo el 39% de su salario, muy por debajo de los estándares recomendados por organismos internacionales como la OCDE.
Ante este panorama, es fundamental que las autoridades peruanas tomen medidas para fortalecer el sistema de pensiones y garantizar la seguridad financiera de los ciudadanos en su etapa de jubilación. Si bien los retiros de fondos pueden brindar alivio a corto plazo, es necesario abordar las causas subyacentes de la falta de ahorro y la informalidad laboral para garantizar un futuro financiero estable para todos los peruanos. Las AFP, por su parte, deberán implementar procesos eficientes y transparentes para facilitar estos retiros y garantizar que los afiliados puedan acceder a sus fondos de manera oportuna y segura.