Centro educativo construido con el aporte del canon minero.
Por: Carlos Casas Tragodara, Universidad del Pacífico
Se ha hablado mucho acerca de la propuesta de Fuerza Popular de repartir 40% del canon (¿minero?) a las comunidades. El signo de interrogación proviene del hecho que existen 6 canon en el país. Aparte del minero tenemos el de hidrocarburos, gasífero, forestal, hidroenergético y pesquero. El mundo de las transferencias intergubernamentales ligadas a industrias extractivas es bastante amplio y debemos tener en cuenta varias consideraciones para entender su problemática.
En primer lugar, es su naturaleza. Las industrias extractivas no están permanentemente en un territorio, sino que cuando los recursos se agotan en determinado yacimiento, se produce lo que se conoce como el cierre de minas y se abandona la operación. Cuando las empresas se van, dejan de pagar el impuesto a la renta y no hay fuente de donde sacar el canon. Esto implica que el canon tiene un horizonte temporal finito. Por ello es por lo que su destino es para obras de infraestructura. Desde el punto de vista conceptual, una actividad extractiva extrae riqueza del subsuelo y por ello es que se busca una compensación a esos territorios a través de las diversas transferencias como el canon.
El reparto del 40% del canon a las familias de manera directa se puede interpretar de diversas maneras. La primera es que es una respuesta a la ineficiencia del Estado. Y esto es en todos sus niveles dado que el 50% del impuesto a la renta de las empresas extractivas se queda en manos del nivel central y el restante 50% se reparte a las municipalidades (75%), gobiernos regionales (20%) y universidades públicas (5%).
Como se sabe, los niveles de ejecución de las inversiones son bajos. Para el período 2015-2019 la ejecución de los gobiernos locales ha sido de 62.04% y la de los gobiernos regionales 65.28%. El nivel nacional está en alrededor del 75%. Esta baja ejecución es lo que provoca que en las zonas donde se recibe canon haya un descontento de la población que ve a la empresa extractiva desarrollando actividades, a la municipalidad y gobierno regional con muchos recursos, pero no se desarrollan las obras de infraestructura.
A esto se puede agregar que en un estudio desarrollado por mí hace algunos años encontramos que en las zonas donde hay canon existen más conflictos y estos tienden a durar más. El repartir el 40% del canon respondería a esta necesidad de que las personas que viven en las zonas de las industrias extractivas perciban los beneficios de manera inmediata.
Existen efectos negativos y positivos del canon sobre los territorios. La agenda es grande y lo del reparto del 40% muchos lo pueden ver como una distorsión que corrige otra distorsión. Es un camino a seguir con riesgos de largo plazo y virtudes de corto plazo.
Debemos recordar que los gobiernos regionales y locales tienen cerca del 65% del presupuesto de inversión del país. El canon es la principal fuente de financiamiento de esta inversión subnacional. Ello implicaría que cerca del 25% del presupuesto de inversión del país se perdería porque se transformaría en gasto corriente, lo que es un riesgo a evaluar.
Por otro lado, el reparto del canon generaría desigualdad a nivel de los ingresos de las personas. No todos los departamentos tienen canon. Cinco de ellos reciben más del 60% del mismo y hay departamentos como Amazonas o Huánuco que reciben casi nada del mismo. Por ello esta inequidad resultante debería ser atacada si es que la medida se llega a implementar. Como propuesta electoral ha levantado muchas pasiones, en estas líneas estamos mostrando evidencia para que la discusión sea más informada.
Fuente: Gestión