Acreedores votarán “plan de choque”, que consiste en dividir Doe Run en dos empresas que emitirán acciones. Los trabajadores mineros de La Oroya se oponen.
Tras una década de fallidos intentos de reestructuración y venta, el barco de Doe Run comienza a hundirse. “Visitar La Oroya es como visitar un pueblo fantasma, un escenario de un cuento de García Márquez”, refiere Carlos Carrizales, administrador concursal de la minero-metalúrgica.
El Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) opera hoy al 3% o 4% de su capacidad y sus instalaciones acaban de ser tomadas por 200 trabajadores que exigen una solución al gobierno
Y el panorama no es mejor en Cobriza (Huancavelica), única fuente de ingresos constantes para Doe Run, cuyas actividades se han detenido por completo debido a la rotura de su relavera en julio pasado.
¿La causa? La falta de inversiones en la mina, pues los US$70 millones que debieron emplearse en mantenerla fueron “aplicados a hacer pagos a cuenta a los trabajadores suspendidos del CMLO”, explica Carrizales.
Se tiene así que, por vez primera en la última década, los dos activos principales de Doe Run se encuentran paralizados.
PLAN DE CHOQUE
En estas críticas circunstancias, el administrador concursal Carrizales ha propuesto un “plan de choque” que consiste en dividir la empresa en dos compañías separadas: una con los activos de Cobriza, cuyas acciones serán subastadas a un operador calificado.
Y otra con los activos del CMLO, cuyas acciones serán transferidas a una sociedad “que emitirá acciones equivalentes al valor de transferencia del CMLO (US$105 millones) y que será entregada a los trabajadores de La Oroya”, explica Carrizales.
Este es el plan que será presentado mañana en la Junta de Acreedores de Doe Run, con la venia aparente del gobierno (que detenta el 51,6% de las acreencias) y la oposición de los acreedores laborales (que poseen el 9,5%).
Para estos, la solución óptima es la dación en pago, es decir, la adjudicación directa a cambio de sus acreencias. Pero, como estas no cubren el monto requerido, han salido en busca de socios interesados en aportar capital.
EL FACTOR CRISVIC
El último de ellos, la empresa Crisvic SAC, se comprometió a ofrecer US$92 millones en efectivo y US$47 millones de créditos concursales para comprar el CMLO y Cobriza.
Para ello presentaron una serie de documentos y transferencias bancarias, que, al ser contrastadas, resultaron ser falsos.
“Lo que hallamos fue que las transferencias vienen de empresas que o están quebradas o tienen una libra o un dólar de capital. Y hay fuertes indicios que los funcionarios bancarios que aparecen firmando estos documentos no existen”, explica Carrizales.
De acuerdo a este, si la Junta no aprueba el “plan de choque” mañana, el escenario que se presenta es continuar con Cobriza inoperativa y un aumento de la conflictividad en La Oroya.
“En agosto de 2020 entra en vigencia la liquidación directa de Doe Run, lo que significa desguazar (desmontar) los activos y parar las operaciones. Pero sin recursos ni ingresos, eso va a suceder mucho antes”, señala Carrizales.
Fuente: El Comercio