El Poder Ejecutivo dio un nuevo golpe contra la minería ilegal con la instalación de equipos especiales en varios aeropuertos del país, que permitirán detectar e impedir el traslado de oro de procedencia ilegal a través de estos terminales aéreos.
El Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Daniel Urresti, precisó que una de las vías que utiliza la minería ilegal para trasladar el mineral extraído ilícitamente es mediante los aeropuertos.
La modalidad más empleada es el traslado de oro en polvo o en barras, escondidas en las maletas que los pasajeros envían a la bodega de los aviones.
Pero con la implementación de modernos equipos en los terminales aéreos de Lima, Arequipa, Cusco, Juliaca y Madre de Dios, la Policía y los fiscales podrán detectar el oro oculto en las maletas, que son enviadas al extranjero.
«Si se detecta oro y este tiene procedencia legal y la documentación que así lo demuestra, será devuelvo a su propietario; pero si no tiene documento de compra o venta ni certificado de procedencia lícita será decomisado y la persona intervenida«, precisó Urresti.
Recordó que la minería ilegal es un delito que puede ser sancionado has con 8 años de pena privativa de la libertad.
«Con la implementación de estos equipos se da un duro golpe a la minería ilegal porque la cadena de transporte se les complicará. El objetivo es que la minería deje de ser un negocio rentable ya que se elevarán los costos de transporte”, precisó.
Actualmente la minería ilegal mueve anualmente US$ 2,900 millones
Como parte de esta lucha, adelantó que en marzo próximo se firmará un convenio con Corpac y las aerolíneas que operan en el país, para que en adelante el transporte de oro no lo hagan los pasajeros, sino que se haga mediante agencias de transporte.
En tanto, afirmó que el Ejecutivo viene alistando un proyecto de Ley para incluir a la minería ilegal dentro de la ley de crimen organizado.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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