Por: Jorge Vega Castro, profesor de Economía de la PUCP
El Gobierno ha solicitado facultades legislativas para elevar los impuestos a las rentas mineras, arguyendo que las empresas están obteniendo ganancias excepcionales provenientes de los altos precios internacionales de metales. Recaudar mayores impuestos es un objetivo importante, especialmente en un país con severas carencias de bienes públicos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por un lado, el sistema tributario vigente ya capta eficientemente tales ingresos extraordinarios, mientras que, por otro lado, las cargas impositivas que actualmente afectan a la minería peruana son apreciables, y estarían en el límite de lo que se puede considerar apropiado para hacer atractiva la inversión nacional e internacional en este sector. Elevar la carga tributaría a la actividad minera, paralizaría o reduciría sustancialmente las inversiones en el sector, lo cual acarrearía menores ingresos fiscales.
El régimen tributario vigente data de 2011, cuando se modificó el sistema de impuestos a las regalías y además se creó un nuevo tributo llamado Impuesto Especial a la Minería, en adición al impuesto general a la renta neta empresarial (que hoy es de 29.5%). Ello significó no solo la elevación de la carga fiscal sobre las utilidades de las empresas mineras, sino también el establecimiento de una nueva estructura de tasas progresivas, cuyo objetivo fue precisamente la captación de mayores impuestos ante situaciones como la actual, con precios de minerales en alza. Así, en el caso de las regalías mineras, existe una escala progresiva de 16 tasas, entre 1% y 12%; mientras que, en el impuesto especial, la escala tiene 17 tasas entre 2% y 8.4%.
Con esta estructura tributaria, sin aumentar ninguna tasa, la actividad minera pagará impuestos por más de S/ 12,000 millones en el 2021. Ello significa un notable incremento de 50% en comparación a los S/ 8,000 millones colectados en 2019, previo al aumento de los precios de metales. No se justifica aumentar los impuestos al sector, más aún en la coyuntura actual, cuando diversos proyectos de inversión se vienen suspendiendo o postergando.
Basado únicamente en un estudio del Consejo Minero de Chile, el Ministerio de Economía y Finanzas aduce que los impuestos a la renta minera en el Perú son muy bajos: solo llegan a 34.6% en total. Pero esta cifra no parece reflejar la realidad nacional. Según estudios del Instituto Peruano de Economía, considerando tributos y otros aportes, el país registra la segunda carga más alta entre los principales países mineros. En promedio, en el Perú, tales imposiciones equivalen al 47.1 % de la utilidad neta de las empresas mineras. Esta carga solo es superada por México, con un nivel de 48.5 %; mientras que Australia, Chile y Canadá, registran menores imposiciones de 44.3%, 40.7% y 35.5%, respectivamente.
Según el Ministerio de Energía y Minas, existe en el Perú una importante cartera de 43 proyectos mineros con diverso grado de avance, que implican una inversión de US$ 49,979 millones. Estimamos que, con el régimen vigente, el fisco colecta alrededor de 4% anual, del total de lo que se invierte en un proyecto minero. Entonces, de materializarse el paquete de inversiones mencionado, el gobierno podría recaudar más de S/ 8 mil millones anuales adicionales, en los subsiguientes años. ¿Cuánto espera recaudar sostenidamente el gobierno con su propuesta de reforma tributaria?
La minería es una actividad clave para el progreso económico del país, cuyo futuro se puede ver seriamente comprometido si se adoptan políticas precipitadas. Este es un asunto que atañe a todos, especialmente a las regiones, y debería ser evaluado y debatido de manera amplia y democrática por el Congreso, como se hizo en 2011. No cabe tributación sin representación.
Fuente: Gestión