Finalmente, el 21 de noviembre el Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (“Ley MAPE”), con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Luego de varias postergaciones y pese a que se había anunciado que sería aprobado y enviado al Congreso la primera semana de noviembre, el proyecto llegó en el tramo final de la legislatura: solo quedan tres plenos y el del jueves 28 de noviembre ya tiene en agenda la aprobación del presupuesto 2025.
Los congresistas, casi al unísono, han señalado que les será difícil revisar el proyecto de ley en lo que resta de la legislatura y responsabilizan al Ejecutivo de la demora. El ministro Rómulo Mucho fue llamado el Congreso el 22 de noviembre para que explique la propuesta y ahora enfrenta un pedido de censura por este tema.
Por el lado del Ejecutivo, se argumenta que el proceso de elaboración del proyecto de ley duró más de lo esperado, debido a que se involucró a especialistas, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y a asociaciones de mineros (sin precisar cuáles han sido). Lo cierto es que instituciones de la sociedad civil no fueron invitados. Todo indica que la estrategia del Ejecutivo ha sido consensuar la propuesta con el sector empresarial minero y algunos círculos de exministros, etc., dejando en un segundo plano la urgencia de los plazos.
¿Qué plantea la propuesta del Ejecutivo? La creación de zonas especiales para pequeña minería y minería artesanal, con un determinado número de cuadrículas, concesiones intransferibles y explotadas directamente por el titular; la implementación de una plataforma informática que integra información relacionada con pequeña minería y artesanal, de acceso público; instrumentos específicos para la gestión ambiental para la pequeña minería y artesanal.
El proyecto también propone un conjunto de disposiciones transitorias y, en el tema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se señala que los procedimientos administrativos iniciados por el proceso de formalización minera integral (DL 1293 – Reinfo), que se encuentren a cargo de las DREM/GREM, continúan su trámite durante 6 meses y, culminado el plazo, el Ministerio de Energía y Minas, asumirá las funciones relacionadas con el proceso de formalización minera integral. El proyecto también deroga el decreto legislativo que modificó el Código Penal y los mineros en proceso de formalización ya no estarán exentos del delito de minería ilegal.
Todo esto ha ocurrido en medio de una importante movilización de mineros que llegó a Lima y se instaló en las inmediaciones del Congreso de la República. En paralelo, se realizaban bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias zonas del país. El pedido central de los mineros movilizados es evitar la desaparición del Reinfo y lograr una nueva ampliación. Para ello cuentan con el respaldo de un grupo de congresistas de diferentes bancadas.
Habrá que observar el desenlace de este tema. Es probable que se sigan postergando las definiciones. Cabe señalar que, en los últimos meses, se desató una fuerte campaña en los medios de comunicación, en horario estelar, apoyada por el sector empresarial minero (Colectivo Pas/País Seguro), que denunciaba a la minería ilegal y las perversiones del Reinfo. Por el lado de los pequeños mineros y artesanales, también hicieron su campaña en los mismos medios de comunicación, bajo el rótulo de una minería ancestral idealizada, que se diferencia de la minería ilegal.
Todo indica que estamos lejos de encontrar una salida a un problema que es de magnitud. Lo cierto es que es difícil creer que un Ejecutivo y un Congreso que tienen una aprobación de apenas un 3%, van a enfrentar y pretender encontrar una salida al tema de la minería informal y la abiertamente ilegal.
Mientras todo esto ocurre, los mineros ilegales siguen acumulando poder económico y político, al mismo tiempo que controlan territorios y las operaciones de extracción y las plantas de beneficio se siguen multiplicando [1].