Por: Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Desde hace ya más de una década se vienen produciendo importantes cambios en el mapa de inversiones mineras en el Perú, las cuales se han ido trasladando gradualmente hacia la zona sur del Perú, que cuenta con un importante potencial geológico y donde hoy se produce más del 50% del cobre nacional.
La puesta en marcha de operaciones de talla mundial como Antapaccay, Las Bambas o Constancia en los últimos años así lo demuestran. Este 2022, si todo va bien, se cristalizará el esperado proyecto cuprífero Quellaveco de Anglo American, la primera mina 100% digital que tendremos en el país.
Pero yendo más a fondo, podemos decir que el aporte de la minería a la zona sur ha sido tremendo. En las últimas dos décadas las regiones del sur (Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno) recibieron unos S/. 28 mil millones, por conceptos de canon y regalías, que representaron el 45% del total a nivel nacional (S/.62 mil millones)
Ello además de los múltiples encadenamientos productivos y empleos directos e indirectos que genera esta actividad económica, que contribuye con alrededor del 45% del PBI de la zona del país, considerando a los proveedores. Cifras relevantes para tomar en cuenta.
Sin embargo, es preciso anotar que el avance de la actividad minera en esta zona del país, también ha sido acompañado de un aumento gradual de la conflictividad social. Un ejemplo claro es lo que viene sucediendo hoy con Las Bambas de MMG Limited, una operación clave para el desarrollo del país, pero que lleva paralizada más de 50 días.
Esta paralización ha afectado a más de 9 mil trabajadores mineros de Las Bambas, proveedores y negocios que dependen de esta mina. Estamos hablando de más de 75 mil familias perjudicadas por la intransigencia de un sector de las comunidades que invadieron los predios de la mina y la falta de capacidad para la resolución de conflictos del gobierno peruano.
Las recientes marchas en simultáneo en regiones como Arequipa, Cusco y Lima para el reinicio de operaciones de esta mina -apoyadas por distintos gremios e instituciones- son una legítima expresión de los trabajadores por la pérdida de empleos y los serios daños ocasionados a la economía del país.
A la fecha solo la paralización de Las Bambas, que representa el 13% de la producción de cobre, le está costando al país más de 500 millones en exportaciones, lo cual se reflejarán además en las cuentas nacionales del próximo año.
Desde nuestra institución esperamos un mayor liderazgo del gobierno para brindar soluciones reales y efectivas a esta operación minera ubicada en Apurímac, que no solo viene siendo afectada por conflictos en su zona influencia -como el actual- sino también a lo largo del Corredor Minero del Sur, donde también se ubican otros proyectos y operaciones. Un tema que merece una mayor reflexión y las personas idóneas para ello.
Fuente: IIMP