ProActivo | El economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, explicó cómo las transferencias mineras como canon minero, regalías y derechos de vigencia, benefician a regiones como Áncash en proporción a su producción minera multimetálica. También mostró preocupación por la política y la economía ilícita con representación política, mientras el sector enfrenta desafíos regulatorios y de informalidad.
“Según una reciente encuesta de IPSOS, 7 de cada 10 peruanos consideran que los fondos de la minería ilegal financiarán e influenciarán en la próxima campaña electoral, lo cual refleja la preocupación de la población en el sistema político y en el avance de economías ilícitas a nivel nacional”, señaló Gustavo De Vinatea, Gerente General del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) durante el Jueves Minero “Panorama de la industria minera en un año preelectoral”, organizado por dicha entidad.
En el encuentro, Elmer Cuba abordó cuatro temas puntuales: la importancia del sector en la macroeconomía peruana, en términos de aportes de divisas e impuestos; la reciente evolución del sector en la producción de los principales metales y los precios internacionales; la informalidad en la minería del oro; y la tramitomanía, responsable de paralizar la velocidad que tenían Perú y Chile.
“Los dos principales productores mundiales (Perú y Chile) tienen problemas similares en exceso de trámites que está trabando el boom, y si no se resuelve, el precio va a subir, lo cual es positivo, por supuesto, pero negativo para el planeta que el cobre suba solo en el precio y la oferta no pueda seguir a la demanda en los próximos años”, señaló Elmer Cuba en declaraciones recogidas por ProActivo.
Elmer Cuba resaltó que la minería es el sector que paga más impuestos a la renta, mientras que otros no lo hacen ya sea por evasión o por tratamiento discriminatorio. Asimismo, subrayó que hay una evolución muy positiva, pero también una disrupción y estancamiento a la vez que hay un auge en la minería informal aurífera por los precios.
“La tramitomanía que hemos inventado en los últimos 10, 15 años, han extendido los plazos en que una vez descubierta una mina entra en operación. Eso está afectando los dineros tributarios y también el bienestar de esas localidades, que hacen que esos ingresos, por ejemplo el canon o regalías, entren mucho más adelante en el tiempo”, declaró Elmer Cuba en exclusiva para ProActivo.
El socio de Macroconsult también expuso que Áncash, Arequipa y Moquegua, en dicho orden, son las regiones que registran una mayor producción nacional de metales, debido a la ubicación de grandes unidades mineras. En esa línea, Áncash recibe diariamente más de un millón de dólares durante todo el año, sumando lo recibido por canon y regalías en cualquier año.
“Las regiones no mineras son más pobres porque no tienen esa palanca que tienen sus rivales. Ya quisiera un gobierno regional o local estar en una región minera porque recibiría por canon montos ingentes”, indicó el economista.
Informalidad
Cuba también reparó en la importancia de la trazabilidad para combatir la minería informal, además propuso detracciones o retenciones como suceden en otros sectores. “La exportación de oro de origen no legal, tiene que retenerse impuesto a la renta, y así poco a poco inducirlos a la formalización”.
De igual modo, el especialista planteó que la problemática se debe a normas mal calibradas a la realidad, por lo que no se trata de solo reprimir a la pequeña minería y a la artesanal. En ese sentido se enfocó en la minería no criminal que no puede cumplir porque sus trámites a seguir son imposibles de hacerlo. “Tienes que recalibrar eso, haces cumplir, y después reprimir. Si reprimes ahora con mala normatividad, vas a perder esa batalla”.
“En verdad no es tan complicado esto, los peruanos expertos en minería saben perfectamente cómo podrían hacer los mejores trámites y podrían proponer, junto con el sector público, una mejor normatividad para después adecuarla y que se haga cumplir. No tomar una posición fácil de solo criticar, sino aportar”, acotó.
Panel
En el panel moderado por Gustavo De Vinatea, participaron Ángela Grossheim, Directora Ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Jorge Soto Yen, presidente del Consejo Departamental de Lima (CD Lima – CIP); y de modo virtual, Enrique Castillo, analista político.
Ángela Grossheim, indicó que ante la incertidumbre regulatoria institucional, el incremento del crimen organizado y economías ilegales vinculado a la minería ilegal; no se debe perder el foco de competencia como país minero frente a otros de la región.
“Hay un espacio de mejora importantísimo, porque además el sector minero formal se regula por alrededor de 470 normas, aproximadamente 270 permisos y 29 entidades públicas involucradas. Entonces, implica una mejora también en capacidades y en posibilidades de respuesta”, señaló.
Además, subrayó que sin exploraciones el sector minero peruano no podrá seguir creciendo ni mejorar sus reservas. “En los últimos años hemos venido invirtiendo básicamente en reposiciones, mejoras, ampliaciones, pero es bueno, eso quiere decir que el sector minero es un sector que viene para quedarse en el país, por muchos años y va realizando los trabajos de manera planificada, ordenada a lo largo del tiempo”, dijo.
Por su parte, Jorge Soto Yen explicó la situación actual de las operaciones del cobre e hizo proyecciones a 10 y 15 años si se echan a andar las más importantes que se tienen previstas. Pese a avizorar un panorama positivo, observó también la falta de capacitación de los funcionarios.
“La minería ilegal es bastante difícil de poder manejar, pero creo que unas buenas políticas públicas harían que esto cambie, y es un punto de incidencia en el cual todos los peruanos, la academia, la industria, el Estado, vayamos a una sola línea de dar estas políticas que sean beneficiosas para el país”, declaró.
A su turno, Enrique Castillo, mencionó que el crecimiento de la minería moderna no ha ido de la mano con la necesidad de convencer a los peruanos de que toda la riqueza que el país posee, con todos los impuestos que se pagan en su gran mayoría, vienen de las actividades mineras que generan canon, aunque este sea mal utilizados por las autoridades.
“Me preocupa la tibieza con la que se está manejando el tema de la ilegalidad de la minería. Me preocupa que ese relato de que la minería empobrece a las zonas en las cuales algunos pobres se hacen ricos, esté funcionando. Y me preocupa que estemos mirando con sobrevalorado optimismo algo que está socavando la democracia”, agregó Castillo.
