Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. (Foto: La República)

LOS EFECTOS. En Arequipa, la Cámara de Comercio espera que el letargo sea temporal, mientras que en Tacna temen por los proyectos estratégicos.

El escenario económico que se configura para el país es poco alentador tras la difusión de los kenjivideos y posterior renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República.

Por ejemplo, el empresariado arequipeño prevé suspensión temporal de las inversiones y retraso en la economía. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Aldo Aranzaens Yukimura, opinó que la proyección de crecimiento de 4.2% para 2018 queda atrás con esta nueva crisis política.

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El representante recordó que buena parte de esa proyección estaba sustentada en la inversión pública que se haría con la reconstrucción tras los efectos del Fenómeno de El Niño, proceso que ahora quedaría detenido con la transición de gobierno.

Asimismo, explicó que en Arequipa se tiene en cartera proyectos mineros por 5 mil millones de dólares. Aranzaens espera que el retraso sea temporal y no se prolongue más.

Los empresarios, que en el primer pedido de vacancia estuvieron en contra, ahora consideran que la renuncia es lo mejor, pues la situación era insostenible. En ese sentido, respaldan un traspaso constitucional y la futura asunción de Martín Vizcarra como nuevo mandatario.

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Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, Corinne Flores, lamentó la crisis moral de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los efectos en los proyectos estratégicos para Tacna.

Destacó que la ciudad vive del comercio y el flujo turístico, por lo tanto, su economía no será afectada. Sin embargo, el gobierno de Kuczynski tenía la meta de promover la inversión extranjera en frontera. Este propósito quedaría paralizado hasta que el panorama político se estabilice.

El gobernador de Tacna, Omar Jiménez, lamentó la renuncia y sostuvo que el cambio de mando dará una tregua al gobierno para analizar lo que ocurre en el país. Negó que exista presiones o “pagos de favores” entre los ministerios y las autoridades regionales.

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Fuente: La República