Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE

El flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, en exclusiva entrevista con ProActivo, se muestra optimista respecto al futuro del país, fundamentado en los atributos mineros que tiene. El también presidente de Antamina, da detalles de cómo el sector privado puede contribuir al sector público para que mejore la gestión con una mirada de largo plazo y con planificación.

¿Cuál es el mensaje respecto a las inversiones mineras en el Perú, en el contexto de PDAC?

El PDAC, es un evento minero mundial donde se dan cita las principales empresas mineras y los países que tratan de promover las inversiones en sus jurisdicciones. Allí tenemos un espacio, el ‘Peru Day’.

Perú tiene entre sus atributos, su geología, que es abundante en los metales requeridos por el mundo. El cobre, la plata, el oro y el estaño, entre otros. También por la dimensión de su productividad que lo coloca como el segundo productor mundial de cobre, detrás de Chile; y el segundo productor de plata, detrás de México. Junto a esa producción destaca un ecosistema conformado por empresas mineras, proveedores de bienes y servicios, contratistas y consultores. También se distingue por su portafolio de proyectos y la importancia que tiene la minería en la economía peruana.

¿Qué hacer con estas situaciones de coyuntura de bloqueos, paralizaciones?

El Perú, en los últimos 30 años mantuvo una coherencia y disciplina macroeconómica fiscal significativa. Macroeconómicamente es un país robusto, con grado de inversión, como pocos en la región y tiene el ratio de deuda neta, respecto al PBI, más bajo de la región.

Tenemos, los fondos suficientes para resolver las brechas. Lo que pasó es que crecimos con una gran disparidad, con un sector formal pequeño y un sector informal que emplea casi el 75% de la población económicamente activa. Adicionalmente, la pandemia no fue un evento menor, lo que amplió la disparidad y explica en parte estos conflictos.

Sin embargo, nos falta tener una gestión pública de mayor calidad. En educación, en el año 50, más del 50% de nuestra población era analfabeta. Hoy, el analfabetismo está en menos de un dígito, 8 – 7%. Hemos mejorado, pero aún tenemos grandes brechas. Hay ilegalidad en la producción de oro, en la extracción de madera, en el contrabando, en la usurpación de tierras y trata de personas.

Un estudio habla que las cifras alcanzarían los 6 mil 500 millones en la economía ilegal y se basa en un Estado débil y ausente. Es otro componente de la violencia de este periodo. ¿Qué hacer? Proponer soluciones para incrementar la formalidad, porque la informalidad deviene en lo ilegal.

Una tercera capa, son esos ataques sincronizados a la infraestructura pública clave: Aeropuertos, comisarías, ataques a subestaciones eléctricas, ataques a puntos clave de bombeo de gas natural que es la fuente de energía de más del 50% sistema interconectado.

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Resumiendo: Hay insatisfacción y disparidad, que tenemos que resolver con una mejor gestión pública. Es un momento difícil, pero pienso que se va a ir resolviendo.

Como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ¿Las empresas están dispuestas a seguir creyendo en Perú?

Un atributo de la industria minera es que sus inversiones tienen una perspectiva de largo plazo debido a que son cifras muy altas. Si uno mira el devenir del Perú o lo mira en perspectiva, uno no deja de ser optimista. En esa reflexión es importante tratar de ser parte de la solución.

Como sector minero, siempre hacemos un plan de largo plazo que periódicamente lo revisamos, cuestionamos, lo mejoramos y lo optimizamos. Esa mirada permite priorizar proyectos, secuenciarlos y hacerlos justo en espacios altoandinos. Eso genera conocimiento. Conectamos espacios altoandinos remotos con zonas costeras porque la producción es de exportación y tiene que salir.

Hay inversiones de cientos de millones de dólares, y eventualmente son de miles de millones de dólares.

Cómo agregar valor

Tenemos que compartir los conocimientos, la forma de gestionar; y acompañar a la gestión pública en el espacio donde operamos. Si somos el principal contribuyente vía canon minero, tenemos que colaborar -en el buen sentido- para que en el territorio donde operamos, haya una gestión pública de calidad a partir de una planificación. Con un estándar de gestión, tipo PMO y así asegurar un legado intangible.

Si la producción minera además de entregar divisas, pagar impuestos y empleo, transmite una forma de gestionar los fondos públicos con transparencia, y con mirada a largo plazo, los males que nos han acompañado sí los podemos corregir. Soy optimista.

¿Cómo hacer para que Petroperú beneficie a las arcas fiscales del país?

Petroperú requiere un directorio independiente, de profesionales expertos, de ahí partirá la claridad y empieza a ordenarse la compañía. Si seguimos con un directorio elegido por razones políticas entre los propios ministros, que no necesariamente son expertos en petróleo, erramos.

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Tenemos que ser pragmáticos, tirar para adelante y también tener cuidado. Acaban de emitir un Decreto Supremo, peculiar, poco explicado con el cuál crean una suerte de diferenciación para Petroperú a la que dan 18 meses de operación mientras gestionan sus permisos ambientales y operativos.

Es totalmente inusual si uno lo compara con la misma industria de hidrocarburos o con símiles como la minería. Debiera haber una explicación del por qué ese trato diferencial. La percepción a primera vista es que hay dos varas con que medimos las cosas.

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Tenemos que cumplir altos estándares ambientales y de seguridad porque es una industria que opera en un entorno riesgoso. ¿Qué pasa si en ese periodo ocurre un accidente ambiental o uno que involucra a los trabajadores? ¿Quién se hace responsable? No es un negocio privado, es de todos los peruanos.

¿Qué ocurre en el sector energía?

En los años 80, casi un 30 o 40% de la población más vulnerable consumía kerosene. Hoy, su consumo es cero. Hemos avanzado. Tenemos un tremendo potencial energético (en gas e hidroeléctrica) que sigue vigente. Eso es una bondad. Además, contamos con un sistema interconectado y un administrador, el COES, que privilegia al más eficiente.

En los últimos años se dio una oferta energética mayor a la demanda. Fundamentalmente tiene que ver con el descalce de los proyectos (mineros). Hay que ver lo que sucede en Las Bambas, Tía María y Río Blanco. Impacta en todo el Perú y estamos interconectados. Cuando se paraliza un proyecto minero, cambiamos toda la persectiva de consumo de energía del país y estamos impactando a todos.

¿Cómo son los daños colaterales a ese tipo de bloqueos y paralizaciones?

En la década del 2000 – 2010, vimos oposición a algunos proyectos mineros. Lamentablemente en los últimos años comenzamos a experimentar paralizaciones a operaciones en marcha y eso es un llamado de atención general al país porque parte de bloqueos.

El bloqueo de una infraestructura pública, es un delito. Sin embargo, sucede porque finalmente no se sanciona ni a tiempo ni como corresponde.

Puedo tener una posición política, y tengo formas de expresarlas. Lo que no puedo hacer es intentar imponer mi punto de vista con un acto delictivo y eso se ha normalizado. Es algo que tenemos que corregir.

¿Cómo afecta a la operación en marcha?

Obviamente a un proyecto, lo atrasa como el caso de Conga o Tía María. Sin embargo, cuando es un negocio en marcha tiene una logística instalada, inventarios de insumos, inventarios de minerales y hace que ese impacto se atenúe.

En extremo, lo que ocurre en Las Bambas, es que, desde la inauguración hasta la fecha, tiene acumulado casi 700 días de paralización. Son dos años desde que arrancó en producción. Es algo que deberíamos debatirlo con la representación de la empresa minera para tener una solución definitiva y que sea sostenible en el tiempo.

Estas paralizaciones ¿Ocasionan merma al presupuesto tanto para el gobierno central como para el gobierno regional?

Sin duda. Además, revela que la autoridad (central y regional) no logran ejercer al 100% su potestad. Se imponen agendas de grupos de personas y eventualmente comunidades, con bloqueos. Paralizando nos hacemos daño todos.

Las autoridades también deben gestionar, liderar y solucionar esos conflictos. Lo que se ve es que se ponen de costado, mirando que otro lo solucione y finalmente nadie lo hace.

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¿Habrá cambios en la manera de cómo relacionarse con las autoridades?

Has tocado un tema fundamental. Como sector minero, hidrocarburos y el sector eléctrico, que operamos en zonas remotas del país, tenemos que ser parte de esa mirada de largo plazo del territorio donde operamos. Le podemos llamar planificación territorial o darle otro nombre, pero necesitamos ser parte, junto con el Estado -que es el gobierno central, gobierno regional, gobierno provincial y gobierno distrital- en construir ese plan de desarrollo y que se inserte estas inversiones hechas en espacios remotos. Ese esfuerzo gremial, también con el Congreso de la República, nos llevará a comunicarnos más.

Como soporte, estarán empresas. Un Antamina tiene que actuar en Áncash, un Cerro Verde en Arequipa y así por el estilo. El lema es “Sumando esfuerzos”. Lo hicimos en la pandemia, con un importante despliegue logístico. Tenemos que hacerlo juntos, sin separar privado y público. Necesitamos una gestión pública de calidad

¿Qué planes para este 2023?

El Perú destaca en cobre que representa más del 50% del PBI minero; y el cobre tiene una perspectiva muy favorable de corto plazo porque China, el gran productor y consumidor ha reabierto su economía; y el cambio de matriz energética va a llegar a un mayor consumo de cobre también.

La perspectiva de la industria minera en el Perú es muy favorable porque el cobre es el principal componente de la canasta de producción, en más del 50%.

De la cartera de proyectos, por 53 mil millones de dólares, el 70% son de cobre, con la característica que son de larga vida. Hecha la inversión operan no menos de 30 años; y eso es bueno para el Perú porque le da predictibilidad de ingreso para los próximos 20 a 30 años.

Es necesario planificar con qué recursos financieros voy a contar para cerrar las brechas. Además, están en sitios remotos. Por eso pienso que tenemos que enlazar los proyectos mineros con el plan de competitividad del país, del territorio y eso supone incorporar a la visión de la gestión pública la planificación de largo plazo. Ese es el esfuerzo.

Somos optimistas porque los precios del principal commodity tienen una perspectiva favorable y también nuestra cartera de proyectos tanto en brownfield como en greenfield; así como minas nuevas que auguran que eso es posible

¿Qué tenemos que lograr?

Perú necesita consenso y diálogo que no necesariamente pasa por nuevas elecciones.


Este artículo forma parte de la Revista ProActivo – Edición PDAC 2023

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