Percy García, del Instituto Internacional de Industrias Extractivas y Estudios de Sostenibilidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Calgary, Canadá.
Las consecuencias de contar con una oficina para resolver conflictos sociales en el más alto nivel de gobierno traerá mayores problemas a futuro, consideró el investigador Percy García, del Instituto Internacional de Industrias Extractivas y Estudios de Sostenibilidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Calgary, Canadá.
¿Cómo enfoca su centro de investigación el impacto de la minería ?
Estudiamos el desarrollo de la minería, sus impactos y los beneficios que traen al desarrollo de un país. Por ejemplo los actuales problemas que afectan a la minería, que básicamente son socio ambientales.
Hablamos también del trabajo, que el número de empleos era mínimo y sin embargo la minería da oportunidades de trabajo a otras industrias como la hotelera, transportes y construcción.
¿Para cuándo estará listo el estudio?
Estará publicado a mediados del próximo año. Fue realizado en la industrias minera y petrolera para analizar el porqué existen conflictos sociales más frecuentes.
Se determinó que las causas de conflictos sociales asociados a la empresa son 3; causas asociadas al gobierno -tanto leyes, regulaciones u organización del gobierno- son 14; y asociados a la actividad minera propiamente dicha son 10.
Los de la actividad minera propiamente dicha, es que no importa qué empresa lo haga, igual existirán esos conflictos.
Al analizarlo determinamos que gran número de los conflictos socio-ambientales existen por el Estado.
¿Cuál sería la propuestas de solución?
La solución es fortalecer las instituciones del Estado.
Los países latinos necesitamos instituciones públicas más fuertes, que la gente esté bien preparada y bien pagada porque no queremos que esas personas que se capacitan un año o dos, dejen sus puestos porque obtienen mejores niveles salariales en el sector privado.
Es una pérdida de capacidad humana porque el Estado invierte en capacitar a estos profesionales y luego de poco tiempo migran a otras organizaciones.
Otro aspecto es la falta de mecanismos que permitan coordinar con los diferentes organismos del Estado. Por ejemplo, cuando hay un conflicto se presentan diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, el ministerio de Energía y Minas; y en Bolivia se presenta el INRA.
Cada organización acuden con posiciones distintas y falta una posición única del Estado. Cuando llegan a las comunidades indígenas o campesinas reciben cuatro posiciones distintas del Estado y aprovechan para decir “él dijo esto, él dijo lo otro”.
A veces hacen pelear a las mismas organizaciones del gobierno. Hay mucha división al interior del mismo y se debe establecer algún tipo de mecanismo para tomar posiciones únicas cuando se trata de afrontar este tipo de conflictos sociales.
¿En qué países se enfoca el estudio?
Bolivia y Perú, en un periodo de dos años.
¿Las propuestas son similares?
Los problemas institucionales de ambos países son similares en algunos casos.
Se ha visto que en el caso de Perú crear una oficina de conflictos sociales a un nivel tan alto como es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es un problema muy grande porque ya cualquier conflicto quiere llegar directo a la PCM y “by pasean” los otros niveles.
Eso hace que el gobierno se ahogue con los problemas. O sea, la altas autoridades están abocadas a resolver problemas de conflictos que deben ser resueltos a niveles más bajos, esa es una de las cosas que diferencian a Perú de Bolivia.
En Bolivia se trata de mantener esos niveles a un nivel de dirección -no de vice ministerio sino de dirección- si se cambia esa oficina a un nivel más alto los conflictos serán peores al igual que las consecuencias para el gobierno.
| PCM y la ONDS
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS, dependencia de la PCM, informó que hasta octubre de 2012 trabaja en la solución de 85 conflictos sociales, la mayoría en Cajamarca, Apurímac y Arequipa. Dónde interviene la ONDS |