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Una reciente modificación en la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Decre­to Legislativo 1362) facul­ta al Estado a comprar es­tudios de preinversión cuando una Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) no prospere.

“En caso de que la iniciati­va no continúe, la entidad titular está facultada para adquirir esos estudios de preinversión, a fin de con­tinuar como iniciativa esta­tal”, expresó Pierre Nal varte, socio de RoseHó Abo­gados, durante un evento organizado por PwC.

No obstante, el monto de la transacción puede variar según precisiones del regla­mento, aún por publicarse.