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Una reciente modificación en la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Decreto Legislativo 1362) faculta al Estado a comprar estudios de preinversión cuando una Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) no prospere.
“En caso de que la iniciativa no continúe, la entidad titular está facultada para adquirir esos estudios de preinversión, a fin de continuar como iniciativa estatal”, expresó Pierre Nal varte, socio de RoseHó Abogados, durante un evento organizado por PwC.
No obstante, el monto de la transacción puede variar según precisiones del reglamento, aún por publicarse.
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