Luis Miguel Incháustegui, viceministro de Minas.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) proyecta una estrategia sectorial sustentada en la promoción de inversiones, cumplimiento de los plazos establecidos, sostenibilidad ambiental y formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Así lo refirió el viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui.

El primer pilar involucra la promoción de inversiones para generar nuevas exploraciones y viabilizar los proyectos en cartera, realizando un trabajo conjunto con las comunidades”, explicó al intervenir en la Mesa Redonda: Minería, Desafíos y Retos, y bajo el marco del 13 Simposium Internacional del Oro y la Plata.

El funcionario precisó que el objetivo inmediato es lograr que el Perú obtenga por lo menos el 8 por ciento del total de las inversiones que se registran actualmente a nivel mundial en el renglón de exploraciones.

El segundo pilar tiene que ver con que los proyectos y operaciones se desarrollen correctamente dentro de los plazos previstos; mientras el tercero está relacionado con la sostenibilidad ambiental orientada con urgencia a remediar los pasivos ambientales”, detalló.

Según añadió, el último soporte se refiere al desarrollo de la pequeña y mediana minería artesanal, alentando su más pronta formalización.

Asimismo, Incháustegui sostuvo que como complemento, se debe buscar la articulación del desarrollo territorial, donde el Estado se acerque a la población en las zonas de influencia minera, para trabajar en el cierre de las brechas de desigualdad social e infraestructura básica.

Debe haber una mayor cooperación entre sectores a nivel nacional, básicamente entre municipios y gobiernos regionales, orientado a que la minería impulse el desarrollo de las zonas de su entorno”, acotó.

También anotó que la percepción negativa que tiene la minería entre la ciudadanía, es originada por las necesidades y reclamos de la gente que vive a su alrededor y que no son atendidas oportuna y apropiadamente por la falta de conjunción de esfuerzos de sus propios actores.

 

Descontento social por evaluación ambiental

Por su parte, el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland consideró que los conflictos sociales en el Perú han ido en aumento en la última década en gran parte por la pérdida de confianza de la población ante la cuestionada evaluación ambiental de los proyectos mineros y actividades afines.

Destacó que para remediar esta situación, en el 2012 fue creado el SENACE, entidad técnica especializada moderna y ágil a cargo de la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos de inversión del país.

Nuestros criterios son conseguir mayor eficiencia a través de la uniformización transparente de los procesos con apoyo de manuales y guías para los inversionistas, y así darle a la población la tranquilidad de que en SENACE no hay nada bajo la mesa”, indicó.

Señaló que la inclusión ciudadana está en el ADN de este organismo, por lo que se ha acercado el análisis de los EIA a la población mediante videos educativos en quechua, y así recoger sus opiniones y sugerencias.

Wieland adelantó que pronto Senace implementará el ISO 37001 (sistema para la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno).

 

Se fortalece la fiscalización ambiental

Por su parte, la presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) Tessy Torres, afirmó que esta institución está reforzando las acciones para priorizar la fiscalización ambiental mediante el fortalecimiento de la acción preventiva y la post prevención

El OEFA se centrando en 30 espacios que tienen como denominador común la existencia de una población que considera que hay un problema ambiental, y de los que 18 son actividades mineras, es decir el 60% de ese espectro”, precisó.

En tal sentido, manifestó que se realiza la “evaluación ambiental temprana” previa a la operación minera, en la que de manera conjunta con la ciudadanía y la empresa, se evalúa la calidad ambiental que requieren los proyectos.

“Este trabajo permite analizar a profundidad componentes diversos y establecer la real situación de la zona donde se pretende desarrollar un proyecto e identificar alteraciones de origen distinto a la actividad minero energética, determinando a fin de cuentas si existe o no contaminación”, pormenorizó.