Wilber Venegas, gobernador regional de Apurímac.

ProActivo

En entrevista con ProActivo, el gobernador de Apurímac detalla los problemas que afronta su administración y que son trabas para el desarrollo de esa región andina. Hace graves denuncias y al mismo tiempo muestra importantes logros.

¿Cómo marcha administración de justicia en su jurisdicción?

Tenemos jueces prevaricadores, que como no van a ser ratificados no respetan la ley. Hay uno dedicado a aceptar las medidas cautelares de las personas con Contratos de Servicios Administrativos CAS vencidos y los regresa a la administración regional. Ha embargado las cuentas del gobierno regional sobre un proyecto de construcción de una carretera. Ignora que no se pueden embargar las cuentas del Estado; lo hemos querellado para desbloquear el embargo, y denunciado ante control interno del Poder Judicial, pero sin resultado alguno.

¿Qué proyecto carretero ha bloqueado?

El de Santo Tomás, afectando a Las Bambas, que precisa esa vía para sacar su producción de Challhuahuacho, por Maras, Velille y Espinar hasta Imata y de ahí por tren.

¿Cómo anda el proyecto Haquira?

El proyecto Haquira, de First Quantum, recién decidirá su continuación cuando termine de construir su proyecto en Panamá. Aunque puede optar por Taca Taca en Argentina, cerca de Chile, que ya tiene tren a Mejillones.

Ellos están preocupados porque hay un señor que ha solicitado operar el aeropuerto de Huanocopampa, que le fue negado a Las Bambas hace 10 años por el ministerio de Transportes, por lo que buscó en Pamputa, para hacer su aeródromo.Aquel señor, no es dueño de ninguna línea aérea, y pretende extorsionar a la empresa. Y el despacho de Transportes no responde a una consulta sobre este caso, por el cual he recibido una amenaza por entrometerme, pero como autoridad lo seguiré haciendo.

Esta persona de apellido Santander dice que parte de ese terreno es de su propiedad, cuando esas zonas fueron adjudicadas por la reforma agraria a las comunidades; ahora pide millones para dejar pasar los carros de Las Bambas. Le dije al ministro Bruno Giuffra que cómo puede darse autorización para construir un aeropuerto a un señor que no tiene ni avión ni empresa aérea.

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Hay un problema de institucionalidad

¡Claro! No es posible que una juez acepte una medida cautelar que permite bloquear una vía nacional, y paralice 6 días los carros para que Las Bambas no puedan sacar su producto mineral.

Entonces ¿gente pilla se aprovecha de la débil institucionalidad?

Así es. Hay una familia que le ha dicho a los comuneros: “Yo los defiendo, no les cobro nada, pero el 20% de lo que pidan por el valor del terreno del proyecto, es para mí”. Lo valorizaron a 32 soles el metro cuadrado, y lo ofrecen a 36 millones a los comuneros. Por eso armaron el bloqueo, y ellos cobrarán 12 millones de ese monto. Las demás comunidades del trayecto de la vía también piden que se les pague por toda la ruta desde Mara hasta el puente Ichuray.

Lamentablemente, el Poder Judicial es muy débil y el Ministerio Público no denuncia a estos extorsionadores. El Estado no puede ser débil y expuesto a este tipo de acciones, tiene que mantener el estado de derecho.

¿Cómo marchan los otros proyectos mineros ubicados en Apurímac?

Los Chancas empezarán a operar el 2021, todo está bien excepto un problema con las ONGs, pero no vamos a permitir que ese proyecto, con 15 años de exploración sea frenado; ahora tras 10 años de estar parado por problemas sociales, empezó a caminar.
Igual con Trapiche, que también estuvo parado, y ya se ponen de acuerdo con las comunidades; el problema es que cada dos años cambian los dirigentes comuneros y piden nuevas cosas, es inestable. Sin embargo, Buenaventura, está llegando a acuerdos y saneando los terrenos.

¿En qué situación se encuentran los dos proyectos de Panoro?

Son los prospectos de exploración Antilla y Cotabambas. Ambos son de cobre, como casi todos los de Apurímac. El único de oro es el de Huaquirca (Anama), que es un mediano proyecto en plena explotación, y fue el primero que empezó a producir en Apurímac hace casi 3 años, antes que Las Bambas. Tiene entre 7 a 8 años de vida aunque supongo que puede hacer ampliaciones, pues es polimetálico en algunas áreas.

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¿Y cómo se desarrolla la minería artesanal e informal en su jurisdicción?

Depende mucho de los precios internacionales, hay zonas donde hay agromineros, ellos se dedican a la agricultura y en épocas que no cultivan optan por la explotación minera, pero hay pequeños mineros artesanales en etapa de formalización. En Huichihua hay una zona donde están explotan oro artesanalmente.

Con los pequeños mineros no hay problema; la dificultad es con las plantas de beneficio (la mayoría de cobre), porque muchas empezaron a construirse sin licencia, con la ley de la selva y las hemos paralizado. Estamos a favor de la inversión pero se tienen que cumplir las normas y no afectar el medio ambiente.

Y en la gestión pública, ¿qué desafíos han encontrado?

Hay reticencia para insertarnos en SERVIR. Firmamos un convenio para socializar a personal nombrado que dio mucha resistencia a este servicio, por desconocimiento. Cuando asumimos solicitamos que SERVIR nos asigne gerentes públicos, otorgándoles preferencia a los apurimeños o a los que hayan vivido aquí 5 años. Mientras, el consejo regional aprobó una ordenanza prohibiendo la contratación de gerentes públicos, y tras dos años recién la derogaron. Eso impidió que contemos con gente calificada, pues según el organigrama, un gerente general gana 4,500 soles, y un director regional 3,500, y con esos sueldos no puedes traer gente competente.

Ahora la congresista fujimorista Alejandra Aramayo presentó un proyecto de ley para que los regidores puedan censurar al gerente municipal, y los consejeros a los funcionarios del gobierno regional, y puedan hacer lo mismo que hace el Congreso: Censurar ministros y pedir destitución.

¿Ocasionaría un desgobierno en las regiones?

Varios alcaldes y me dicen que es un despropósito, parece que la congresista ignora cómo funciona un municipio o un gobierno regional. En el Congreso censuran a los ministros porque el partido de gobierno no tiene mayoría, y en los gobiernos regionales sería peor, porque muy pocos la tienen. En el caso de Apurímac, el partido que represento no tiene ni un consejero. Si se aprueba ese proyecto de ley generaría gran inestabilidad en casi todos los gobiernos regionales.

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Otro tema complicado, es que desde el gobierno de Humala hay un retroceso en el proceso de segmentación, los municipios y regiones cada año perciben menos recursos. El año pasado, el 75% del presupuesto nacional de inversiones lo manejó el gobierno central; frente al 25% para los municipios y las regiones. Apurímac para el 2018 tiene un presupuesto de 87 millones, ¿Qué se podría hacer con tan poco? Son 6 provincias y 86 alcaldes. Con ese presupuesto no se podría hacer ninguna obra de impacto y si no se hacen grandes proyectos se podría generar una bomba de tiempo.

Así se debilita la autoridad regional, y mucho más en regiones pequeñas como Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, que son adictas al gasto público.

Es muy interesante la propuesta del presidente de la República del Fondo Social para invertir en las zonas con futuros proyectos mineros y productivos, de tal forma que reciban por adelantado los beneficios futuros y la zona pueda tener tranquilidad y paz social, pero lastimosamente esa iniciativa se ha creado sin un sol, no tiene recursos.

¿Un fondo sin fuente de financiamiento?

La ministra Cayetana Aljovín me dijo que no hay plata, y estamos viendo la colocación de bonos para refinanciar más de 40 proyectos importantes. Son exclusivamente colegios, carreteras y redes de riego. En Apurímac, pese a ser una zona eminentemente minera, el 70% de su población se dedica a la agricultura y vive de ella, por lo que la única forma de garantizar desarrollo es con inversión en agua.

Somos la segunda región en invertir en infraestructura hídrica, después de Arequipa, pero por poco monto, y por eso pedimos un adelanto del canon por 300 millones de soles, de tal manera que la gestión que nos suceda tenga suficientes recursos para hacer obras de impacto.

¿Esa partida de 300 millones es para desarrollar qué tipo de obras?

Prioritariamente infraestructura hídrica, porque en Apurímac el agua y el cobre son compatibles. Si le damos seguridad hídrica a los proyectos de riego los campesinos van a dedicarse a producir. También para infraestructura educativa, de salud y vías de comunicación.