Un reto importante que tendrá que asumir el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), es el de no generar un retroceso en los proyectos de inversión cuyas certificaciones le sean transferidas para su aprobación, como son los del sector minero, sostuvo la especialista Ada Alegre.
“El sector con mayor cantidad de estudios aprobados es el minero y a consecuencia, la transferencia de funciones no puede generar un retroceso en lo avanzado en 20 años”, remarcó, la gerenta general de Ada Alegre Consultores en el Conversatorio “Nace el Senace”, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Recalcó que no se puede causar un vacío en la gestión ambiental a partir del funcionamiento del Senace que asumirá competencias del ministerio de Energía y Minas (MEM) y de otros entes en la evaluación de los EIA detallados. “Desde que se presenta un EIA, hay 120 días para evaluarlo, por lo que desde el mismo día en que empiece a operar el Senace debe contar con personal suficiente, calificado y listo para recibir los expedientes y evaluarlos”, agregó.
Sin duplicidad en la gestión
Alegre opinó que dicha situación implicaría duplicidad en la gestión ambiental y en los gastos, porque el MEM se quedará con las Declaraciones de Impacto Ambiental, estudios de exploración y planes de cierre. “Algunas empresas deben tramitar estudios de exploración con el MEM, el EIA detallado con Senace y regresar al MEM para aprobar su plan de cierre o de abandono”.
Pidió que para evitar retrocesos, la operatividad del Senace debe ser gradual, muy bien pensada y planificada.
Debe fortalecer rol del MINAM
Según la especialista otro reto será fortalecer el rol rector del Minam dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). “El rol rector del Minam es ver la gestión de todos los sectores involucrados en la gestión ambiental, articular sus normas, criterios, procedimientos y generar avances homogéneos en la materia, y no como ocurre hoy, en donde cada sector tiene distintos niveles de avance y cada cual va por su camino, sin orientación de un órgano director”, indicó.
“El Minam aprobará los EIA y dará luz verde a ciertos proyectos. Eso debe ser manejado con sumo cuidado para que la imagen de la autoridad ambiental no se desgaste y sea un actor valioso frente los conflictos sociales, que no son en muchos casos racionales, sino asociados a percepciones, y si la imagen pública del Minam se mella, lo perderemos para enfrentar estos procesos”, advirtió.
Asimismo, Alegre planteó que el Senace debe contar con una ventanilla única para articular criterios, con el respaldo de una plataforma electrónica. “No debe ser sólo una oficina que reciba papeles. Pues las licencias y permisos para un proyecto de inversión mediano o grande oscilan entre los 150 o 300”, manifestó.
En consecuencia -según comentó- la ventanilla única implica la articulación de los criterios asociados a esas licencias y permisos, “esfuerzo muy grande que hay que planificar y organizar” para la mejor marcha de ese organismo.
Articulación de evaluación y fiscalización ambiental
La experta, también planteó la necesidad de articular criterios entre la evaluación de impacto ambiental y la fiscalización correspondiente, para evitar demoras en el avance de los proyectos de inversión.
Explicó que no puede ser que una empresa con EIA aprobado concordando criterios con la autoridad competente, para así obtener sus licencias y permisos, luego sea pasible de ser sancionada cuando empieza a ejecutar el proyecto y llega la fiscalización con otros criterios.
Subrayó que para descartar este problema urge una clara articulación de criterios entre la evaluación y fiscalización al iniciar un proyecto de inversión y a lo largo de su vida útil, con la actualización de los estudios cada cierto tiempo.
Señaló que la Ley 27446 del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (SEIA), resalta que el criterio ambiental fundamental es el impacto negativo significativo, y ése es el que hay que manejar. “Ese es el criterio que debe priorizarse en la evaluación de un EIA y en la fiscalización, porque esta necesariamente no lo toma en cuenta, y puede iniciar un procedimiento sancionador porque encuentra un papel fuera del tacho, pese a que la gestión de residuos esté bien manejada”, lamentó.
Bajo este punto, dijo que la fiscalización no debe orientarse a ver la minucia, sino el impacto ambiental significativo. “No sólo debemos preocuparnos de la evaluación del impacto ambiental y mejorar sus criterios, sino también incluir un análisis de riesgo para proyectos que puedan tener fuerte sensibilidad ambiental o social”. remató.