Personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas-Loreto inspeccionó el botadero de basura del distrito de San Juan Bautista y comprobó la contaminación en la zona y el peligro que ésta representa para la salud de la población de la ciudad de Iquitos, se informó.
Durante la diligencia en este relleno de basura, ubicado a 27 kilómetros de Iquitos, los fiscales consignaron que en el área de aproximadamente 44 hectáreas, se hallaron residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de alto peligro como los hospitalarios (material quirúrgico desechado) dispersos en varios puntos pantanosos del botadero, dañando así a la flora y fauna del lugar.
Ubicado cerca a la zona de amortiguamiento de la reserva Allpahuayo-Mishana, en este lugar también verificaron que los charcos contaminados de aguas negras, producto del sumo de la basura arrojada, forman pequeños riachuelos hacia quebradas cercanas y éstas posiblemente a los ríos de la zona.
El tubo de vertientes líquidos al pozo de lixiviados (desechos líquidos de la basura) en el momento de la inspección colapsó, lo cual también preocupó más a los fiscales y a las autoridades que participaron como representantes de las instituciones involucradas en esta problemática.
En todo momento del recorrido que hicieron, reinaba un panorama pestilente, de montañas de basura acompañados de pestilentes y fétidos olores; las autoridades tuvieron que ingresar al área con vestimenta y protección especial de acuerdo a la situación del lugar. La diligencia culminó al promediar las 18:00 horas de ayer jueves.
En otros sectores, los fiscales encontraron varias casuchas y carpas rudimentarias donde, junto a montes de basura, viven recicladores de plásticos, sin importarles su propia salud y vida ya que están directamente expuestos y ello puede acarrear un contagio masivo de enfermedades de todo tipo en la población de la ciudad.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Antonio Fernández Jerí, supervisó esta operación que estuvo a cargo del fiscal provincial de la misma especialidad, Manuel Edmundo Medina Pérez y el apoyo de seis fiscales adjuntos para que efectúen un recorrido de verificación de la situación.
También participaron especialistas de la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), conjuntamente con representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).
Igualmente participaron representantes de la Municipalidad Provincial de Maynas y del distrito de San Juan Bautista, de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), de la Dirección Ejecutiva de Turismo y Medio Ambiente de la PNP (Direjturma) y de la empresa Brunner a cargo del área inspeccionada.
Al respecto, el fiscal superior Fernández Jerí afirmó que esta diligencia sirvió para iniciar las investigaciones del presunto delito ambiental y sus modalidades que puedan hallarse entre los responsables de las entidades involucradas en el tema.
«La sanción penal es de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad por delito de contaminación ambiental o mal manejo de residuos sólidos, según sea el caso que determine las investigaciones a iniciarse contra los que resulten responsables. Esta problemática también es un grave daño a la flora y fauna del ecosistema”, concluyó.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
Deja una respuesta