Foto: AHK Perú
- En el Foro Peruano-Alemán de Minería, Cecilia Rabitsch, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, destacó el desarrollo de herramientas impulsadas por el gremio, que alinean al sector con estándares internacionales y promueven una gestión más sostenible, preventiva y centrada en las personas.
El último jueves 16 de abril, Cecilia Rabitsch, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE, participó en el “Foro y Networking Peruano-Alemán de Minería”, un espacio clave para fortalecer la cooperación internacional y avanzar hacia una minería más sostenible, eficiente y responsable, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana.
Rabitsch, quien es también vicepresidenta de Sostenibilidad de ENGIE, fue ponente del bloque “Debida diligencia en DD. HH. en el sector minero”, donde presentó los avances del sector en la incorporación de este enfoque en la gestión empresarial.
Durante su presentación, la ejecutiva destacó el trabajo sostenido que impulsa el gremio desde 2013, así como el desarrollo de herramientas clave como la Guía de Debida Diligencia en Derechos Humanos del sector minero energético, además de instrumentos como el Modelo de Política de Derechos Humanos, el Principio X del Código de Conducta y la Guía de Quejas y Reclamos (actualizada).
Enfatizó que esta última herramienta constituye el resultado de un proceso de maduración largo y sostenido del sector, cuya elaboración tomó cerca de dos años y contó con una activa participación de las empresas asociadas. La guía se encuentra alineada con estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Consejo Internacional de Minería y Metales, y ha sido adaptada al contexto peruano.
De acuerdo con Cecilia Rabitsch, el modelo propuesto plantea seis etapas simples, aplicables y flexibles que buscan la mejora continua —gobernanza, identificación de riesgos, monitoreo y evaluación, capacitación, comunicación y mecanismos de quejas y reclamos—. Una etapa central es la identificación y gestión de riesgos, que toma como sujetos de análisis a las personas y se aplica de manera transversal a toda la organización. Asimismo, plantea niveles de madurez que permiten a las empresas ubicarse y avanzar progresivamente en función de sus capacidades y contextos operativos.
Aspectos claves de la Guía
En este marco, se destacaron cinco aspectos clave de la guía: es una herramienta voluntaria y adaptable al contexto de cada empresa; se anticipa a las nuevas exigencias del mercado; reconoce y capitaliza lo avanzado por las empresas, sin partir de cero; busca una implementación progresiva, sistemática y transversal; y contribuye a la generación de valor, fortaleciendo la gestión, la reputación empresarial y la sostenibilidad de las operaciones.
Tras la exposición de Rabitsch, el bloque continuó con un panel en el que participaron Jessica Vásquez, gerente de sostenibilidad de Minsur y presidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE; Lisbeth Loja, coordinadora de Conducta Empresarial Responsable del Punto Nacional de Contacto para la OCDE en el Perú; y Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. El panel fue moderado por Andrea Luque, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP.
Durante la discusión, la moderadora señaló que, a cinco años de la aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (2021–2025), el nivel de implementación alcanza un 14 %, evidenciando importantes brechas, debido principalmente a la responsabilidad del Estado. En este contexto, Jessica Vásquez mencionó que “el hecho de que el Estado no haya tenido mayores avances no significa que las empresas no hayan avanzado”; por el contrario, el sector empresarial ha registrado progresos significativos en la incorporación del enfoque de derechos humanos en su gestión, fortaleciendo su gobernanza, alineando sus procesos a estándares internacionales como los de la OCDE e integrando prácticas que generan valor a lo largo de toda su cadena de suministro.
Por su parte, Lisbeth Loja resaltó el rol del Punto Nacional de Contacto en la promoción de la conducta empresarial responsable y los derechos humanos, así como las actividades que viene realizando en coordinación con entidades como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Finalmente, Carlos Casas enfatizó que las principales vulneraciones de derechos humanos se concentran en contextos de minería informal e ilegal. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad, erradicar la minería ilegal y diseñar incentivos efectivos para formalizar a aquellos actores que buscan incorporarse a la economía formal.