Mediante el decreto de urgencia 01-2017 (el primero del año), el Ejecutivo ordenó al Organismo Supervisor de la Inversión (Osinergmin) la contratación directa del administrador estatal de los bienes del proyecto del Gasoducto Sur Peruano, para supervisarlos, hasta su transferencia al sector privado.
Los gastos que demande la contratación del administrador se financiarán con el importe resultante de la ejecución de las garantías del gasoducto.
El decreto fue emitido con la finalidad de preservar el valor de los bienes de la concesión del gasoducto.
El lunes pasado el consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Odebrecht, Engas y Graña y Montero, perdieron la concesión del gasoducto, tras no sustentar ante el Estado el cierre financiero del proyecto.
Minutos pasada la medianoche del martes pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó que se ejecute un penalidad de US$ 262 millones a GSP. El monto equivale a la garantía presentada por el consorcio cuando asumió el proyecto.
En ese contexto, el Estado debe volver a licitar el proyecto en los próximos 12 meses, con la posibilidad de realizar tres convocatorias a privados interesados en concluir las obras.
Fuente: El Comercio
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