Graña y Montero acude al CIADI por Gasoducto del Sur

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La empresa interpuso solicitud de arbitraje o una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones () por imcumplir el contrato del .

La República pudo conocer que la demanda aún está pendiente de valoración en el ente internacional, en Washington, Estados Unidos. También, que los ministerios de Energia y Minas y Economía y Finanzas fueron notificados. Por otro lado, aunque este diario pidió una opinión a la empresa sobre la demanda, hasta el momento no ha recibido respuesta.

La demanda se suma a la que ya antes había interpuesto la empresa española , que formó un consorcio con la firma peruana y la empresa para la construcción del gasoducto.

El consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) estaba dividido de modo que asumía el 55%, mientras que solo el 25% y el 20%.

La empresa española fijó el valor de la inversión que hizo el consorcio en 1980 millones de dólares. La pretensión de la firma es que el Estado peruano pague dicha suma por haber rescindido el contrato de la obra.

Dada la división de la obra, de ser desfavorable para el Estado peruano la demanda en el , Engas podría recibir el 25% de los 1980 millones de dólares. En el caso de Graña y Montero, le correspondería recibir el 20%.

Graña y Montero investigada en el Club de la Construcción

El último 4 de diciembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria incorporó a la empresa Graña y Montero como investigada en el caso Club de la Construcción, a pedido de la Fiscalía.

El Club de la Construcción, como se recuerda, era un cartel de empresas ligadas a dicho rubro que coordinaban entre sí para obtener la adjudicación de obras públicas.

El mismo Grupo Graña y Montero confirmó a través de un “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores la decisión del juzgado; sin embargo, precisó que esta “no implica un pronunciamiento final o definitivo sobre la culpabilidad de GyM ni la imposición de una sanción”.

Con su incorporación al caso Club de la Construcción, Graña y Montero podrá acogerse a la Ley N°30737, que permite conformar fideicomisos con el fin de garantizar el pago de reparaciones civiles de hallarse responsabilidad penal en los casos que se les imputa.

Fuente: La República

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