Distriluz

  • En la actualidad, Cajamarca, Tumbes y Áncash registran una demanda de energía que crece más del 6%.

Desde Tumbes hasta Ayacucho, pasando por otras nueve regiones, la energía eléctrica llega a hogares e industrias a través de Distriluz, grupo de empresas públicas que alista un cuantioso plan de inversiones para preservar su red de distribución y conectar a nuevos clientes.

Recientemente, anunciaron una inversión para la próxima década de alrededor de S/5 mil millones. De ese monto, S/1,000 millones se van a emplear en los próximos tres años.

Arturo Vásquez, presidente del Grupo Distriluz, explica que la empresa de distribución eléctrica consta de una alianza estratégica de cuatro empresas estatales: Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro, las cuales abarcan regiones como Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash, hasta Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

Además, hasta el momento tienen casi tres millones de clientes, que representan el 34% de todos los consumidores eléctricos del Perú, y proyectan incorporar en el 2023 a 95 mil clientes.

“En estos últimos cinco años hemos conectado a 450 mil usuarios. Pero a partir del 2023 esa tasa puede crecer 7% debido a que hay bastante demanda de energía en las regiones, no solo de parte de las residencias sino también de comercios que buscan energía adicional para sus negocios”, agregó Vásquez.

Retos para la ejecución de proyectos

El especialista señala que Cajamarca, Tumbes y Áncash registran una demanda de energía que crece más del 6%, por eso cuentan con varios proyectos; sin embargo, se enfrentan a varios retos para empezar a ejecutar las iniciativas.

El presidente del Grupo Distriluz, explicó que las empresas estatales tienen un marco normativo distinto al sector privado para contratar obras, las cuales deben ser evaluadas bajo el esquema de Invierte.pe.

No obstante, también manifestó que actualmente el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), está promoviendo establecer mecanismos de financiamiento de largo plazo para las empresas estatales, lo que habilitaría líneas de crédito a través del Banco de la Nación o instituciones bilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.