A seis meses desde su implementación, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de Piura está tramitando 558 procesos judiciales por presuntos delitos que afectan el ambiente y los recursos naturales de diversas regiones del norte del país.
Aurelia Guibovich, magistrada a cargo de dicho juzgado especializado informó que si bien las denuncias penales se aplican a las personas naturales, entre siete y ocho son representantes de empresas mineras en Piura.
Cabe indicar que dicho juzgado tiene competencia suprarregional, porque abarca a los distritos judiciales de Piura, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque y Sullana. En Cajamarca, el delito más constante es el de la minería ilegal, mientras que en Piura, Sullana y Lambayeque son los delitos contra los recursos naturales (tráfico ilegal de productos forestales maderables). En Tumbes, es la extracción de especies acuáticas prohibidas, señaló Guibovich Chang.
Asimismo, la magistrada informó que el nuevo órgano jurisdiccional ha sentenciado seis casos a través de la figura de la terminación anticipada. Manifestó que el objetivo es que los procesos duren entre cinco y seis meses, aunque deben de enfrentar algunas dificultades.
Añadió que durante estos meses se ha visto un mayor cumplimiento de los imputados al asumir su responsabilidad penal. Explicó que cumplen con normas de conducta como el pagar la reparación civil, así como el inicio de la remediación del daño .
Para Recordar:
Cifras. El exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, aseguró que la tala ilegal mueve en el país alrededor de US$ 7 mil millones anuales. “Según la National Geographic, hay una deforestación de 250 mil hectáreas anuales”, detalló el ex funcionario (Gestión 27.12.2013).
Gestión
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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