(Foto: Perú 21)
Ayer la violencia se desató en Ica. Desde las 4:00 de la mañana se empezaron a concentrar grupos de manifestantes para bloquear el tránsito en cuatro puntos de la Panamericana Sur, desde el sector del Álamo hasta la zona de Expansión Urbana del distrito de Salas Guadalupe.
Conforme fue avanzando la mañana, se llegaron a reunir hasta 3 mil personas que incendiaron llantas y ramas en medio de la pista. Los actos de violencia se fueron acrecentando hasta el punto de ingresar a la propiedad de algunas agroexportadoras de la zona donde destrozaron parte de los campos de cultivo, se llevaron equipos de las instalaciones y rompieron lo que encontraron a su paso. ¿A qué obedece esta asonada, que debió estar planificada desde hace buen tiempo, y quiénes están detrás?
Consultado por Perú21, el representante de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, detalló que no pudieron identificar a dirigentes visibles con quienes establecer el diálogo. “Es muy difícil entablar algún tipo de negociación porque no hay alguien que lidere. Con quienes pudimos conversar hemos hecho incidencia para que puedan liberar la vía por horas”, indicó Hernández.
El funcionario puntualizó que tuvo contacto con personas que dijeron ser parte del Frente de Defensa de los Intereses de Ica y el Frente de Trabajadores Agrícolas Ica. “El problema es que son más de dos grupos y no se puede llegar a acuerdos si es que estos no son reconocidos por la mayoría”, mencionó.
Según Hernández, los manifestantes estaban pidiendo que se anule el Régimen Laboral Agrario y una nueva Constitución. Además, reclamaban un aumento del jornal para los trabajadores agrarios que, según indicaron, bordea los S/40 al día. También pedían la eliminación de los intermediarios para la contratación de personal en las empresas agroexportadoras. Por otro lado, se quejaban de unos supuestos maltratos laborales, pero, cuando se les pidió que identificaran cuáles eran esas empresas indicaron que la protesta era contra todas.
Es decir, no habían dirigentes identificados pero sí una masa que tenían como uno de los puntos de reclamo el cambio de Constitución, lo que no descarta que detrás de la jornada de violencia hay un componente político.
ACORDE A LEY
Manuel Ízaga, miembro del sector agroexportador, indicó a este diario que las empresas formales cumplen con todos los pagos del salario y los beneficios sociales que exige la ley.
“Hay que separar a las empresas en dos grandes grupos: las formales de las informales. Para mí, el problema está en los informales que utilizan lo que se llaman service, que se encargan de llevar gente y les pagan a través de estos service y, de pronto, los beneficios sociales no llegan al trabajador. Es lo que sospecho”, indicó.
En cambio, en el lado formal, según indicó Ízaga, “en una muestra específica, el 90% gana más de S/ 60 al día; pero en este momento de temporada alta hay gente que gana S/ 150 o S/ 180 diarios”.
“El gremio apoya las marchas pacíficas y si en algo tenemos que mejorar es en apoyar que no hayan informales. Sospecho que hay agricultores que juegan sucio y hay que ir encima de ellos y destapar esa olla porque de pronto es el caldo de cultivo para que cuatro personas comiencen a azuzar a la población”, indicó.
JORGE TOYAMA: “TIENEN TODOS LOS BENEFICIOS”
El abogado laboralista Jorge Toyama explicó a Perú21 que desde este año el régimen especial agrario es muy similar al régimen general.
“El trabajador tiene sus horas extras, CTS, gratificación, vacaciones, utilidades, seguro de salud y todos los beneficios. Antes tenía un 70% de los derechos, pero desde este 2020 los tiene todos”, precisó.
La diferencia está en que los contratos son por temporadas debido a que en el sector agrario hay periodos de cosecha y periodos donde no se necesita mano de obra.
“El pago de los beneficios se hace diariamente, así como en construcción civil y como los estibadores portuarios. En cada día laborado se incluye el pago de sus beneficios”, indicó Toyama.
Resaltó que las empresas formales deben cumplir con estas exigencias establecidas en la ley. “Los que no cumplen pueden ser denunciadas ante el PJ o el Ministerio de Trabajo”, concluyó.
Fuente: Perú 21