Por: Ing. Roberto Maldonado, primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
La industria minera ha sido una de las pocas actividades económicas que se mantuvieron en pie en esta difícil coyuntura marcada por el COVID-19, debido a la importante demanda de minerales, como lo confirmaron recientemente algunos embajadores de países mineros que participaron en el Jueves Minero.
Un caso distinto fue el de Perú, puesto que nuestras minas paralizaron desde mediados de marzo por casi dos meses para evitar la propagación del virus, por disposición del Gobierno. Según información del Minem, el empleo directo en el sector minero en mayo se redujo a 128 000 personas.
Esta cifra se ha ido recuperando progresivamente hasta acercarse a los 180 mil trabajadores a la fecha, y se espera que al cierre del año podamos alcanzar los 200 mil puestos de trabajos formales (un poco menos de los 210 mil empleos que genera habitualmente). Estos empleos superan el millón si se suma toda la cadena productiva.
Con el avance de las operaciones mineras y de proyectos en construcción como Mina Justa (Ica) y Quellaveco (Moquegua) se estima que se pueda normalizar esta cifra. Actualmente ambos emprendimientos trabajan con el 80% y 40% de su personal respectivamente, debido a los cambios y adaptaciones que han tenido que realizar en esta nueva etapa, al igual que las operaciones.
Se aguarda también que para fin de año, el Senace apruebe la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el inicio de la segunda fase de Ampliación Toromocho (Junín), que contempla una inversión de USD 1,350 millones, y de la cual ya se ha desembolsado alrededor del 50%.
De acuerdo al viceministro de Minas, Jaime Gálvez, Ampliación Toromocho pasaría a producción comercial de Fase I (ampliación de 117.200t/d a 140.640t/d) en el mes de diciembre de 2020 y la segunda fase (ampliación de 140.640t/d a 170.000t/d) a inicios del 2022.
En ese sentido, resulta sumamente importante la coordinación de las entidades del Estado para agilizar estos trámites de autorización, sobre todo en un contexto como el actual donde se requieren impulsar más inversiones. Cabe recordar que durante el 2019-2020 no se puso en marcha ningún proyecto minero nuevo, los cuales son vitales para generar empleo.
Y esta mayor coordinación también implica reforzar las estrategias de gestión social y hacer el monitoreo permanente de cada uno de los proyectos mineros y operaciones, para evitar arbitrajes como el interpuesto por Lupaka Gold contra el Estado peruano por la falta de apoyo contra el bloqueo ilegal de su emprendimiento en Huaura, al norte de Lima.
Fuente: IIMP