La supervisión y fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales representa un avance para impulsar la formalización de la actividad minera en el país y como estrategia de lucha contra la ilegalidad. Así lo sostuvo Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en declaraciones al diario Perú21, al referirse a las medidas contempladas en la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
“Eso es un avance positivo, creo que las plantas deben convertirse en unos nodos de formalización de toda la cadena de valor de la actividad minera”, afirmó De Vinatea, al destacar la importancia de supervisar estos espacios debido a los riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad asociados a sus operaciones.
En esa línea, señaló que una adecuada supervisión de las plantas de procesamiento es clave para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y de seguridad, proteger la salud de las personas y fortalecer la formalización de toda la cadena minera, más allá de las actividades de extracción.
FORMAPE: recursos y capacidad técnica para combatir la minería ilegal
De Vinatea también valoró positivamente la propuesta de crear el Organismo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE). No obstante, remarcó que su efectividad dependerá de que cuente con los recursos, la capacidad técnica y la tecnología necesarios para cumplir sus funciones.
“Creo que eso va a ser fundamental (…) hay mucha cooperación internacional, hay muchos países interesados en ayudar a la lucha contra la minería ilegal y las mafias organizadas alrededor de ella”, señaló.
Asimismo, sostuvo que el FORMAPE podría convertirse en un mecanismo para canalizar la cooperación internacional y articular esfuerzos frente a esta problemática. “Creo que FORMAPE puede ser un vehículo perfecto para que esta colaboración de países extranjeros pueda concretarse para hacerle frente a este problema de una manera eficaz”, puntualizó.
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