La informalidad de la minería no metálica en la región Lambayeque ha ocasionado una pérdida anual que supera los 10 millones de soles por evasión de impuestos al Estado, así lo indicó Alex Julca Bellodas, jefe de la Dirección de Energía y Minas del gobierno regional.
Entre otras cosas aseguró que la principal causa de este problema ha sido el desinterés de las empresas extractoras en trabajar con la normatividad que exige el Ministerio de Energía y Minas (Minem), lo que hace que el 90% de la minería no metálica en Lambayeque sea informal.
“En el año 2012 el Minem realizó un programa de formalización para que aquellas compañías que se dedican a la minería no metálica (extracción de agregados para la construcción) pasen a ser empresas reconocidas de acuerdo ley. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa”, precisó Julca Bellodas.
MEDIDAS
Debido a los altos índices de informalidad de la minería no metálica en territorio lambayecano, la Dirección de Energía y Minas ya ha solicitado ante la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo el recurso de interdicción en tres zonas de esta jurisdicción.
Alex Julca argumentó que esta medida se da ante la falta de cumplimiento de aquellas canteras que vienen explotando recursos no metálicos dentro de una concesión minera que exige el marco legal del Minem.
las chancadoras
Por otra parte, según el último catastro del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemet), en Lambayeque hay 225 concesiones mineras no metálicas.
De estas concesiones, el 40% de la extracción informal de agregados para la construcción la vienen realizando las canteras de la comunidad Santa Lucía de Ferreñafe, zona que está bajo la lupa para aplicar el recurso de interdicción.
Quienes tampoco están ajenas a este recurso que ha puesto en jaque la informalidad minera no metálica son las chancadoras o plantas de beneficio dedicadas a procesar materiales y agregados para la construcción.
En Lambayeque existen cerca de 50 plantas de beneficio que funcionan sin las autorizaciones que otorga la Dirección de Energía y Minas.
La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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