Por: Alberto Ñecco, Economista.
Es importante entender que los resultados de la reciente elección de alguna manera expresan las necesidades y carencias de quienes no se han beneficiado plenamente del crecimiento económico de los últimos años. Peruanos que no perciben la presencia del Estado y que no gozan de las condiciones necesarias para que su propio esfuerzo pueda garantizarles desarrollo y bienestar. Adicionalmente, la pandemia desnudó la fragilidad del progreso que muchas familias habían logrado y profundizó las brechas entre aquellos con acceso a servicios mínimos indispensables y aquellos sin él.
El desarrollo de la infraestructura es un tema fundamental que debe ser prioridad del próximo gobierno, pues no solo permite al Estado mejorar directamente las condiciones de vida de la población, sino también por su efecto dinamizador y reactivador de la economía. No obstante, hoy en día la brecha en infraestructura es inmensa y continúa expandiéndose, mientras que la capacidad financiera del Estado se encuentra disminuida y su capacidad ejecutora está lejos de ser adecuada para enfrentar el reto, se cuenta con mucha voluntad en distintos niveles pero también mucha indolencia en tantos otros. Más allá de la urgente reforma integral de los sistemas de inversión pública y privada existen otros factores que deben ser tomados en cuenta.
Recordemos que el objetivo fundamental de todo proyecto de infraestructura es la provisión sostenible y adecuada de un servicio y que la infraestructura física es un mero vehículo para lograr este fin. Las asociaciones público-privadas aplicadas de manera apropiada permiten alinear eficientemente los intereses de las partes hacia este objetivo, ya que el inversionista solo debe de obtener el retorno esperado sobre su inversión en la medida que brinde el servicio requerido con los estándares de calidad acordados. Son múltiples los retos que se deben de afrontar para poder asegurar la participación justa, equitativa y transparente de la inversión privada en infraestructura, pero no por eso podemos darnos el lujo de prescindir de ella, no cuando la necesidad es tan grande y tan urgente.
La transparencia no es un tema menor y no solo se refiere a corrupción sino también al flujo de información y el involucramiento de las comunidades directamente implicadas. El mejor de los proyectos sin aceptación social no tiene probabilidad de éxito. En muchos de los casos, los problemas sociales que acaban descarrilando un proyecto son producto de grandes brechas comunicativas.
Es así que, por ejemplo, en el proceso de concesión del proyecto minero de Michiquillay se realizó un trabajo intenso de comunicación y relacionamiento enfocado en las comunidades del área de influencia. El proceso de diálogo, dirigido por ProInversión y el Minem, produjo un conjunto de condiciones razonables acordadas que fueron incorporadas en el contrato de concesión. Como resultado, las comunidades se convirtieron en los principales defensores del proceso permitiendo una adjudicación exitosa.
Otro ejemplo importante es el de las plantas de tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca, un proyecto con múltiples postergaciones que generaron un alto grado de ansiedad social y política. En este caso, desde ProInversión se generó un dialogo fluido y constante con la población y las autoridades subnacionales implicadas, socializando los avances y cualquier retraso imprevisto directamente de manera oportuna. Así se logró facilitar la etapa final de adjudicación disipando en gran medida la presión política para la cancelación del proyecto.
En suma, la comunicación oportuna y transparente, el reconocimiento de las comunidades y autoridades locales como stakeholders principales y la participación activa de la alta dirección en el diálogo y relacionamiento con sus representantes son factores claves de éxito. La incorporación del proceso de aceptación social dentro de la estructuración de los proyectos es fundamental y no debe ser subestimada en su importancia e impacto.
Fuente. Gestión