La inversión es uno de los principales motores de la economía, y si bien el Gobierno mencionó que la inversión pública sería la bala de oro, promover la participación privada es importante para dinamizar el país.
De cara al nuevo Gobierno, hay diversos proyectos bajo la modalidad de asociación público privada (APP) en marcha que tienen pendiente de ejecutar inversiones por US$ 7,897 millones hacia delante, “aspecto clave para la recuperación económica y el empleo”, refirió Yovanna Ramírez, jefa del área económica de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
Si solo se toma data del Ositran (al 31 de mayo), ya se invirtió US$ 9,579.1 millones en carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y metro de Lima, y vías navegables (inversión acumulada desde el inicio de cada concesión hasta el 31 de mayo), quedando pendiente para los próximo años el 41.85% del importe referencial.
Algunos proyectos
Una de las concesiones es la Línea 2 del Metro de Lima, que aún debe ejecutar el 61.83% de los más de US$ 5,346 millones de inversiones comprometidas. “La Etapa 1A de este proyecto empezará su operación en octubre de este año, según lo anunciado. Pero, se presentan retrasos en la entrega de áreas, liberación de interferencias y aprobación de estudios definitivos de ingeniería para el inicio de la ejecución de diversas obras que forman parte de la Etapa 1B1”, dijo.
En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la nueva torre de control y la segunda pista, que se encuentran en construcción, culminarían el 2022. Y, en el tercer trimestre se adjudicarían las obras que comprenden el nuevo terminal de pasajeros, plataformas de estacionamiento y rutas de acceso.
También se está avanzando con la ampliación y modernización del puerto de Salaverry, el de Paita y, sobre todo, con la ampliación del muelle sur del Callao.
Y están pendientes las inversiones de la Autopista del Norte (Red Vial N° 4), Carretera Central, Longitudinal de la Sierra Tramo 2, Autopista del Sol tramo Trujillo-Sullana, y el tramo Desvío Quilca – La Concordia, entre otros.
AFIN subrayó que “el marco normativo que reformó el sistema no ha funcionado y solo ha logrado paralizar los proyectos, ante lo cual los diversos sectores han optado por el Gobierno a Gobierno con el objetivo de eludir los problemas en APP y en contrataciones del Estado”.
Fuente: Gestión