- Propuestas de Juntos por el Perú en materia de promoción de la inversión privada y confianza empresarial harán inviable la reducción de la pobreza.
- 9 de cada 10 economistas identifica las normas que incrementen el gasto público como el principal riesgo legislativo en los últimos meses del Congreso saliente.
- La incertidumbre asociada al proceso electoral continúa siendo el principal riesgo para la economía en el corto plazo.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la quinta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre temas relevantes de coyuntura económica y políticas públicas. En la edición de mayo 2026, participaron 89 especialistas, consultados a días de la segunda vuelta electoral.
Principales resultados
Existe amplio consenso sobre los efectos esperados de un eventual gobierno de Juntos por el Perú. 9 de cada 10economistas encuestados considera desfavorables o muy desfavorables los efectos esperados de las políticas de un eventual gobierno de Roberto Sánchez en materias de seguridad jurídica y predictibilidad regulatoria; promoción de la inversión privada y confianza empresarial; y sostenibilidad fiscal. Esta proporción se mantiene alta —ocho de cada diez— en políticas vinculadas a la capacidad para enfrentar la inseguridad y las economías ilegales, el respeto a la independencia del BCRP y la generación de empleo formal. Ello se explica por la incertidumbre que generan las propuestas centrales del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que incluyen modificar el régimen económico de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, revisar los contratos y tratados internacionales, ampliar la actividad empresarial del Estado, afectar la autonomía del Banco Central de Reserva, y romper con el tratamiento igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras. En contraste, en el caso de un eventual gobierno de Keiko Fujimori, el porcentaje de economistas que considera desfavorables o muy desfavorables sus políticas en materias económicas no supera el 20% en ningún aspecto evaluado.
La pobreza solo se reducirá con crecimiento sostenido de la inversión privada y el empleo formal. 9 de cada 10 economistas señala que la principal prioridad del próximo gobierno para acelerar la reducción de la pobreza debe ser impulsar la inversión privada y la generación de empleo formal. Por ello, considerando que 9 de cada 10 economistas califican como desfavorables o muy desfavorables las políticas en materia de promoción de la inversión privada y confianza empresarial en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, la implementación de estas políticas mencionadas en su plan hará inviable la reducción de la pobreza. Cabe notar que 60% de los economistas encuestados destaca también la necesidad de mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos como prioridad para acelerar la reducción de la pobreza.
El principal riesgo del Congreso saliente es el debilitamiento de la sostenibilidad fiscal. 9 de cada 10 economistas identifica como principal riesgo legislativo la aprobación de normas que incrementen el gasto público o impulsen beneficios tributarios —la misma preocupación que lideró esta pregunta en la encuesta de febrero—. Además, más de la mitad señala que el principal riesgo es también la aprobación de normas que debiliten la lucha contra las economías ilegales (53%). Solo el 1% considera que no se esperan riesgos legislativos significativos en los últimos meses de este Parlamento. Las causas de esta preocupación han sido ampliamente documentadas: el Consejo Fiscal indicó que el actual Parlamento promulgó 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y 2026 —más que el total aprobado en los 15 años previos y más del triple del promedio histórico—, con un costo acumulado de casi S/ 36 mil millones.
El nuevo congreso bicameral mejoraría ligeramente la calidad legislativa y responsabilidad fiscal frente al Parlamento saliente. Con los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias, solo 1 de cada 10 economistas anticipa mejoras significativas en ambos aspectos. La mayoría (6 de cada 10 encuestados), espera solo mejoras ligeras. En contraste, 13% considera que empeorará ligeramente respecto al Congreso saliente en cuanto a responsabilidad fiscal.
La incertidumbre electoral continúa liderando los riesgos para la economía en el corto plazo. Por segundo mes consecutivo, la incertidumbre asociada al proceso electoral encabeza la lista (58%), con un ligero aumento respecto a abril (55%). Esto respondería a la confirmación de Sánchez como candidato en la segunda vuelta y la incertidumbre que generan sus propuestas en materia económica. Le siguen la inseguridad ciudadana, que aumentó de 36% a 40%; y el deterioro de las finanzas públicas, que pasó de 30% a 36%, en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad y la preocupación por mayores presiones de gasto y medidas con impacto fiscal adverso impulsadas desde el Congreso. En contraste, la preocupación por la inestabilidad política cayó al cuarto lugar, al reducirse de 41% a 21%, probablemente ante la disipación del riesgo de una nueva vacancia presidencial.
Los resultados completos están disponibles en el siguiente enlace:
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