José Augusto Palma, Presidente del 14 Simposium del Oro, Plata y Cobre

(Foto: SNMPE)

El presidente del 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre, José Augusto Palma, señaló hoy en la inauguración del evento que la ejecución de la cartera vigente de proyectos mineros puede aportar alrededor de S/ 350 mil millones para el Estado, lo cual permitiría que prácticamente se cierren todas las brechas sociales del país.

El ejecutivo señaló que la minería responsable y formal siempre ha sido y es un motor clave de desarrollo para el Perú, representa actualmente el 10% del PBI, el 12% de la inversión privada y el 60% de las exportaciones. Además, es creadora de empleo y tiene un efecto multiplicador muy importante, por cada empleo de la minería se generan 8 empleos indirectos. Si se ejecutará toda la cartera de proyectos que tenemos hoy en día en el país, los cuales se calculan que hacienden a más de 60,000 millones de dólares de inversión directa, se generarían más de 2 millones de nuevos empleos directos.

Aporte de la minería

Destacó además que la minería formal crea asimismo oportunidades de negocio para emprendedores y proveedores locales y contribuye con miles de millones de soles al Estado para el cierre de brechas y la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Por ejemplo, solo en el año 2021 (Producto del alza de los precios de los metales y del régimen tributario que tenemos en el Perú), entre impuestos y regalías la minería formal aportó al Estado la cifra récord de S/ 14,400 millones, es decir casi 3 veces más de lo contribuido anualmente por la minería en los últimos 10 años.

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Falta gestión

Sin embargo, estos inmensos recursos no han sido utilizados de manera efectiva por los distintos niveles de Gobierno. Esto tiene que cambiar, no es un problema de falta de recursos, los gobiernos regionales y locales sólo han invertido en promedio el 67% de los recursos que han recibido de la minería en estos últimos 10 años, eso sin considerar la calidad del gasto. Por ello, es absolutamente imperioso mejorar la calidad de gasto del Estado para realmente avanzar en el bienestar y desarrollo de la población. Adicionalmente a esta contribución al fisco, la minería formal invierte voluntariamente proyectos de importancia de desarrollo social y económico en las zonas donde opera, construyendo colegios, postas médicas, reservorios de agua, proyectos de regulación y Fomento de la agricultura, programas de promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia contra la mujer, entre otros.

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La minería formal cumple así un rol fundamental como articulador de desarrollo; pero no puede sustituir la labor del Estado, quien debe redoblar esfuerzos para ser más eficiente y transparente al cumplir con su obligación de generar mayor desarrollo e ir cerrando las brechas sociales que demanda la población con absoluta justificación y con toda razón.

Cierre de brechas

José Augusto Palma, quien se desempeña como General Counsel & Vice Presidente Corporate Affairs de Hochschild Mining Plc, destacó la importancia de seguir apostando por el desarrollo del Perú, “Si juntos logramos desarrollar la cartera de proyectos vigente en los próximos años, el sector minero formal generaría más de 350,000 millones de soles para el Estado. Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, esta enorme suma permitiría que el Estado cierre prácticamente todas las brechas garantizando las necesidades básicas de la población. Para ello, es indispensable que el Gobierno promueva con medidas claras la inversión privada en general y la minería formal en particular. Se requiere que las reglas sean previsibles y se cumplan, es decir se necesita seguridad jurídica”, expresó.

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De acuerdo con Palma, para que los proyectos mineros salgan adelante es también importante que el Estado lidere una verdadera y sistemática búsqueda de consensos, uniendo y no dividiendo, anticipándose y disminuyendo la conflictividad social coma porque con los conflictos perdemos todos, estos hacen que se deje de producir, que no ingrese dinero al estado, que se pierdan ingresos formales, que los proveedores de insumos locales y nacionales dejen de generar ingresos para sus familias, que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho de libertad para ir a trabajar, ir al colegio o simplemente circular sin que ocurran hechos de violencia lamentables e injustificados.

Respecto a los conflictos sociales, Palma expuso que el diálogo para lograr consensos no podrá avanzar mientras hay amenazas de todo tipo, porque el conflicto no es la solución, la solución es el diálogo.