operativo contra la minería ilegal

El Poder Judicial ha ordenado la captura del empresario minero Miguel Farro Pérez, condenado a ocho años de cárcel por el delito de lavado de activos agravados y la exportación ilegal de oro. Además, Farro deberá pagar una reparación civil de medio millón de soles a favor del Estado.El caso, que se remonta a diciembre de 2014, involucra la incautación de un cargamento de 16 barras de oro, valorizadas en más de medio millón de dólares. Según la fiscalía, Farro utilizó documentos falsos para dar apariencia de legalidad al oro extraído de la minería ilegal.

Durante el juicio, la fiscal adjunta superior Lourdes Obando Castro presentó evidencias que demostraron que la empresa JKM S.A.C., propiedad de Farro, intentó exportar 13.391 kilos de oro a Miami, Estados Unidos, utilizando documentos irregulares. Aunque Farro afirmó que el oro provenía de su concesión minera Centauro I, se comprobó que carecía de los permisos administrativos y ambientales necesarios para operar legalmente.

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Además, se identificaron guías de remisión falsificadas y declaraciones de trabajadores y empresas de transporte que no coincidían con la realidad. La fiscalía también destacó un desbalance patrimonial significativo, ya que los ingresos declarados por Farro no coincidían con el dinero recaudado por las exportaciones de oro.

Implicaciones para la minería ilegal en Perú

Este caso no solo expone las prácticas ilegales de un empresario, sino que también refleja un problema más amplio en el sector minero peruano. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 el Perú habría exportado cerca de 92 toneladas de oro ilegal, un 20% más de lo proyectado para 2023. Para 2025, se estima que esta cifra podría aumentar en un 40%.

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El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, señaló que estos envíos ilegales representan un valor aproximado de 7,000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 46% respecto al año anterior. Estas cifras alarmantes subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector minero.

Consecuencias legales y decomiso

El Poder Judicial no solo ha ordenado la captura de Farro, sino también el decomiso definitivo del oro incautado. Además, se ha dispuesto su internamiento en un centro penitenciario, donde cumplirá su condena de ocho años.

Este fallo judicial marca un precedente importante en la lucha contra el lavado de activos y la minería ilegal en el Perú, destacando la importancia de la colaboración entre instituciones como la Fiscalía y la SUNAT para combatir estos delitos.