La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley para extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028. La iniciativa, impulsada por la diputada Analí Márquez y registrada como la proposición legislativa 00744-2026-2031-CD, plantea una suerte de hoja de ruta que incluye la culminación del censo de la pequeña minería, la verificación de obligaciones y la reversión de concesiones consideradas ociosas.
El texto legal busca modificar los artículos 39 y 40 de la Ley General de Minería, que regulan el derecho de vigencia y las penalidades por incumplimiento de producción. Además, introduce una definición de «concesión ociosa» que aplica a aquellos títulos que, tras una década sin producción ni inversión acreditada, se mantienen solo con el pago de tasas. La propuesta llega en un momento de tensión palpable. El Ejecutivo, a través del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido enfático en que el Reinfo termina el 31 de diciembre de 2026 y que no respaldará una nueva ampliación. Para el Gobierno, el Reinfo, tal como está diseñado, se ha convertido en un paraguas legal para la minería ilegal, y su apuesta es reemplazarlo por la Ley MAPE, que contempla un régimen de consolidación temporal de 18 meses.
Días antes, la bancada de Obras también presentó su propia propuesta para extender el Reinfo hasta 2028 o hasta que entre en vigencia la Ley MAPE, lo que ocurra primero. Ambas iniciativas aterrizarán en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes, también de Juntos por el Perú. El clima no es sencillo. Renovación Popular ya rechazó de plano cualquier nueva prórroga y exigió que las comisiones de Energía y Minas de ambas cámaras se declaren en sesión permanente para aprobar la Ley MAPE antes del vencimiento. Con el reloj corriendo y las posturas tan distantes, el futuro de los miles de mineros inscritos en el Reinfo pende de un hilo que se decide en el Congreso.
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