La industria minera ante la crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe

La pandemia del COVID-19 es una crisis sanitaria con efectos económicos y sociales a escala global. Los mercados más importantes se paralizaron provocando la interrupción de las actividades económicas y del comercio internacional, razón por la cual se prevé una contracción del PIB mundial en torno al 2% y la Organización Mundial del Comercio estima una caída del comercio mundial de bienes de entre 13% y 32% en 2020.

América Latina y el Caribe

Esta contracción está golpeando fuertemente a América Latina y el Caribe, una región que ya se encontraba en una situación de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica. La crisis ha generado un deterioro en los precios de la mayoría de los commodities minerales producidos en la región (con excepción del oro) lo que ha aumentado la inestabilidad macroeconómica, especialmente de los países dependientes del sector extractivo para su crecimiento y desarrollo, e incrementado la depreciación de las monedas respecto al dólar. Las empresas están enfrentando pérdidas y registrando aumentos de costos de capital e inventario, encarecidos por las deudas en dólares, como consecuencia de las paralizaciones y retrasos en las operaciones de algunas minas, los problemas logísticos y la disrupción de las cadenas de suministro que han afectado a los ciclos de inversión, producción, flujo de capital financiero y capacidad de generación de empleo.

A corto plazo

Los impactos a corto plazo en el sector se deben, en primer lugar, a las medidas de contención (e incluso paralización de la actividad dependiendo del país), en segundo lugar, a los casos y brotes de contagios asociados a los proyectos, y, en último lugar, al desarrollo de diversas protestas sociales vinculadas con la preocupación por los contagios en zonas rurales y la falta de cumplimiento de protocolos de salud para los trabajadores.

A largo plazo

Con una mirada a los impactos de largo plazo, la pandemia está acelerando los procesos de digitalización y automatización asociados a la industria para reducir las personas aglomeradas en las minas. Pese a los grandes beneficios que las nuevas tecnologías suponen, principalmente vinculados con la optimización de la productividad, la eficiencia en el uso de los recursos y la sostenibilidad económica, la reducción del empleo puede afectar fuertemente a la legitimidad y gobernanza de la actividad. Adelantándose a estos riesgos, el Estado debe asumir un rol protagónico, estableciendo las condiciones en la industria para crear valor con nuevos y mejores empleos.

Para superar la crisis, algunos gremios empresariales han solicitado a los gobiernos excepciones de pagos de regalías y una flexibilización relativa de algunos procedimientos vinculados con el sector.

Medidas a nivel país

Ante este complejo escenario, los gobiernos han adoptado diversas medidas. En la mayoría de los países la minería ha sido considerada una actividad exenta de las restricciones asociadas a las cuarentenas decretadas. En Perú, aunque inicialmente se excluyó la minería de las actividades exentas, rápidamente fue incluida en la lista. En México, a diferencia de otros países de la región, el sector minero no fue considerado un sector exento, por lo que tuvo que detener operaciones hasta el 25 de mayo.

Por otro lado, en Chile, a través de la ENAMI, se ha brindado un crédito sectorial, denominado precio de sustentación, a los medianos y pequeños mineros para que no caigan en déficits mientras los precios continúen bajos, y posteriormente puedan pagarlos en un contexto de recuperación. En el caso de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía aprobó medidas de aplazamiento de procesos, como el del canon minero, con un carácter transitorio. Ecuador ha desarrollado un protocolo de bioseguridad para el sector que entre otras medidas contiene planes de limpieza de las instalaciones, medidas sanitarias para los trabajadores, planes para desinfectar los insumos y requerimientos de brindar apoyo a la comunidad. En conjunto con este protocolo, Ecuador ha establecido corredores logísticos que atienden las necesidades del sector para sus suministros y permiten la reactivación de las exportaciones que quedaron paralizadas.

Sociedad Civil

A la sociedad civil de la región y organizaciones internacionales les preocupa que las medidas adoptadas durante la crisis y la recuperación económica posterior a la pandemia supongan un relajamiento de estándares, y revivan la denominada carrera hacia el fondo. Por ejemplo, una de las propuestas de flexibilización de medidas incluye desarrollar la consulta previa, libre e informada a través de mecanismos en línea, que en muchas regiones rurales no es posible.

Estas “carreras”, o la flexibilización de estándares de gobernanza ambiental, fiscal y social, se han aplicado tras periodos de crisis para facilitar la expansión de la industria y ponderar el impacto de la caída de precios con mayor volumen de producción, asegurando la competitividad del sector. Estas preocupaciones e iniciativas de flexibilización y desregulación no son nuevas, sino que aceleran o incrementan procesos y propuestas existentes antes de la pandemia. En este escenario se necesita una mayor capacidad de seguimiento y fiscalización desde la sociedad civil.

En términos generales, diversas organizaciones de la sociedad civil abogan por una recuperación económica posterior a la pandemia en donde no se rebajen los estándares ambientales ni se trasgredan los derechos humanos. Plantean que el regreso a la normalidad debería priorizar las agendas de sostenibilidad en la región, en torno a paquetes de estímulo con condicionalidad ambiental y centrados en la lucha contra el cambio climático y la transformación energética. El sector minero puede contribuir a la recuperación económica, mediante iniciativas discutidas durante los últimos años como el cobre verde o cobre responsable. Asimismo, se requiere un mayor monitoreo a través de toda la cadena de suministro, con un énfasis creciente en los impactos locales sociales y ambientales de la actividad en contextos de recesión económica.

La pandemia del COVID-19 actúa como un catalizador de conflictos y problemáticas estructurales en la región, especialmente por intensificar y hacer más visibles la pobreza y la desigualdad ante la reducción drástica del empleo que está ocasionando. El contexto actual está reavivando los debates estructurales en torno a la contribución de la minería a los países de la región, en términos económicos, sociales y medioambientales, es decir, en consideración de los efectos directos e indirectos y de otros varios desafíos que plantea la explotación de recursos no renovables en el marco de un desarrollo sostenible, narrativas planteadas tradicionalmente de forma contradictoria pero que podrían ser compatibles para reducir brechas sociales.

Fuente: Minsus