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Ante la publicación de un artículo en el portal Convoca titulado “Directora del MEM trabajó en consultora durante polémicos cambios del proyecto Las Bambas”, debo declarar que contrariamente a lo que insinúa la publicación, no estuve a cargo de los estudios ambientales para la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) e ITS presentados ante el Ministerio de Energía y Minas y el SENACE por el titular del proyecto Las Bambas, durante la época en la que laboraba en la consultora SNC Lavalin y, por tanto, no intervine en el cambio en el proyecto que suspendió la construcción de un mineroducto.
Prueba de ello es que en los documentos registrados en el MEM se encuentra el listado de profesionales firmantes del estudio presentado por el titular minero en el marco de la evaluación de la segunda modificación del EIA, donde se puede observar que no estoy incluida en la “declaración y relación de profesionales que han elaborado la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas…”, de fecha, 11 de marzo de 2014 y suscrita por SNC Lavalin.
Tengo que precisar que el equipo a mi cargo en SNC-Lavalin era uno de los cinco que conformaban la Gerencia de Ambiente y Agua, que en 2014 estuvo a cargo de Alexandra Almenara. La función de mi equipo en ese momento era brindar soporte técnico en los diferentes estudios ambientales encargados a la consultora. Para el caso específico de Las Bambas, nos encargamos de la descripción de los componentes dentro de la unidad minera, tales como el canal de coronación, la poza de sedimentación, la pila de minerales de baja ley, entre otros; más no participamos en la evaluación de impactos que se producirían debido al cambio del sistema de transporte de concentrados. Para ello, (la evaluación de impactos), SNC-Lavalin contaba con otro equipo que se encargaba de esa labor específica.
Ante ello, quiero enfatizar que no existe conflicto de intereses dado que, desde el sector privado, no estuve a cargo de los estudios o modificaciones del EIA de Las Bambas y, ahora como funcionaria del MEM, tampoco he evaluado dichos estudios. Ello, por la sencilla razón que, desde el año 2015 la evaluación de los estudios ambientales de explotación, y cualquier acto relacionado a ellos, se encuentran a cargo del Senace, institución a la que no pertenezco ni he pertenecido. Debo añadir que mi designación en el MEM como titular de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAMM) se produjo el 15 de agosto del 2017; es decir tres años después de la validación de los referidos estudios ambientales.
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