Ayer se realizó en la Presidencia del Concejo de Ministros una reunión entre funcionarios gubernamentales, representantes de seis comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas, Apurímac, y representantes de Minera Las Bambas. Sin embargo, la minera indica que las comunidades no tienen voluntad para llegar a un acuerdo.
Minera Las Bambas saludó en un comunicado el esfuerzo del Ejecutivo por establecer un diálogo que conduzca a reanudar las operaciones de Minera Las Bambas, suspendidas desde el 14 de abril por la invasión ilegal de sus terrenos y que, tras 42 días de la paralización, ha generado pérdidas por cerca de US$ 400 millones en exportaciones y más de S/ 220 millones en rentas para el Perú y la región Apurímac.
Asimismo, la minera lamentó la culminación de la reunión sin haber podido llegar a acuerdos debido a la posición de las 6 comunidades campesinas en condicionar la liberación del terreno invadido y la reanudación de las operaciones a la subsanación de supuestos incumplimientos que no precisan. Cabe señalar que muchos de ellos son nuevas demandas no consignadas en acuerdos anteriores y entre ellas figuran esquemas no contemplados en el ordenamiento legal vigente, como por ejemplo una participación del 50% de las utilidades de Minera Las Bambas a cambio de un supuesto aporte de terrenos, los cuales ya fueron adquiridos y pagados por Las Bambas a la propia Comunidad en el año 2013.
Cabe recordar que la falta de voluntad para llegar un acuerdo de estas comunidades pone en riesgo 9,000 puestos de trabajo y a más de 1 400 pequeñas y medianas empresas de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios para Minera Las Bambas.
Minera Las Bambas reiteró su disposición a un diálogo transparente y constructivo para una revisión exhaustiva de los compromisos de la empresa con las comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, e invoca a estas a deponer medidas de fuerza ilegales y demandas incompatibles con el marco legal de la actividad minera en el Perú.