Comuneros en la toma de Las Bambas

(Foto: Reuters)

Ayer se realizó en la Presidencia del Concejo de Ministros una reunión entre funcionarios gubernamentales, representantes de seis comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas, Apurímac, y representantes de Minera Las Bambas. Sin embargo, la minera indica que las comunidades no tienen voluntad para llegar a un acuerdo.

Minera Las Bambas saludó en un comunicado el esfuerzo del Ejecutivo por establecer un diálogo que conduzca a reanudar las operaciones de Minera Las Bambas, suspendidas desde el 14 de abril por la invasión ilegal de sus terrenos y que, tras 42 días de la paralización, ha generado pérdidas por cerca de US$ 400 millones en exportaciones y más de S/ 220 millones en rentas para el Perú y la región Apurímac.

Ver también:  MIDIS y Minera Las Bambas firman convenio para mejorar calidad de vida de comunidades de Apurímac y del Corredor Minero del Sur

Asimismo, la minera lamentó la culminación de la reunión sin haber podido llegar a acuerdos debido a la posición de las 6 comunidades campesinas en condicionar la liberación del terreno invadido y la reanudación de las operaciones a la subsanación de supuestos incumplimientos que no precisan. Cabe señalar que muchos de ellos son nuevas demandas no consignadas en acuerdos anteriores y entre ellas figuran esquemas no contemplados en el ordenamiento legal vigente, como por ejemplo una participación del 50% de las utilidades de Minera Las Bambas a cambio de un supuesto aporte de terrenos, los cuales ya fueron adquiridos y pagados por Las Bambas a la propia Comunidad en el año 2013.

Ver también:  Ministro de Energía y Minas destaca restablecimiento del tránsito en Corredor Minero del Sur

Cabe recordar que la falta de voluntad para llegar un acuerdo de estas comunidades pone en riesgo 9,000 puestos de trabajo y a más de 1 400 pequeñas y medianas empresas de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios para Minera Las Bambas.

Minera Las Bambas reiteró su disposición a un diálogo transparente y constructivo para una revisión exhaustiva de los compromisos de la empresa con las comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, e invoca a estas a deponer medidas de fuerza ilegales y demandas incompatibles con el marco legal de la actividad minera en el Perú.