MINEM Consulta Previa por el Lote 8

El bloqueo del río Corrientes por parte de las comunidades nativas en el Lote 8, ubicado en la provincia de Loreto, ha generado una situación de tensión y riesgo para los derechos fundamentales de los trabajadores de Perupetro y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La Defensoría del Pueblo ha instado a un diálogo inmediato para resolver este conflicto.

El bloqueo, iniciado el 19 de mayo, responde al incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos establecidos en el acta de consulta previa. Las comunidades nativas, representadas por diversas federaciones, han decidido tomar esta medida de fuerza para exigir que se respeten y se cumplan dichos acuerdos.

Las organizaciones que lideran la manifestación incluyen:

  • Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEPIURCHA)
  • Federación de Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEIURCHA)
  • Federación Indígena Urarinas del Río Corrientes (FIURCO)
  • Federación de Comunidades Nativas del Centro del Río Corrientes (FECONACER)
  • Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarina del Río Corrientes (FEPIAIRC)
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Estas federaciones representan a las comunidades afectadas y buscan que se atiendan sus demandas sociales y ambientales.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que el bloqueo del río Corrientes pone en riesgo los derechos fundamentales de los trabajadores de Perupetro que se encuentran en el campamento Percy Rosas, así como de los efectivos de la PNP encargados de la seguridad en las instalaciones del Lote 8. Esta situación requiere una solución urgente para evitar cualquier daño a los trabajadores y mantener la seguridad en la zona.

La medida de fuerza adoptada por las comunidades nativas también afecta los derechos de terceros, incluyendo la libre circulación y el acceso a recursos y servicios esenciales. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las comunidades para que depongan estas medidas y busquen soluciones a través del diálogo.

Llamado al diálogo y formación de una comisión

La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno nacional a conformar una comisión que viaje a Loreto, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, para iniciar un proceso de diálogo con las comunidades indígenas. Este diálogo debe enfocarse en el cumplimiento de los acuerdos de la consulta previa y en atender las demandas sociales pendientes.

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En marzo de 2024, durante una de las actas de consulta previa del Lote 8, se acordó la creación de un grupo de trabajo desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para abordar las demandas sociales no relacionadas con la medida administrativa sujeta a consulta. Este grupo de trabajo es esencial para encaminar las necesidades de las comunidades en áreas como educación, salud, infraestructura, medio ambiente y titulación de tierras.

Consulta previa

El derecho a la consulta previa es una garantía jurídica fundamental para proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas. El cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la consulta es un elemento constitucionalmente protegido. Incumplir estos acuerdos afecta el derecho a la consulta previa y el principio de buena fe que debe regir el proceso.

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Aunque se han generado acuerdos en el proceso de consulta, persisten demandas y necesidades históricas que deben ser atendidas. Estas incluyen mejoras en educación, salud, infraestructura, medio ambiente y titulación de tierras. Atender estas demandas es crucial para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de la zona.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones, se ha mostrado dispuesta a colaborar en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Su rol es fundamental para supervisar la administración pública y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de las personas.

La Defensoría ha reiterado su disposición a colaborar con el Gobierno y las comunidades indígenas para facilitar un diálogo efectivo y encontrar una salida al conflicto. Esta colaboración es esencial para lograr una resolución que beneficie a todas las partes involucradas y garantice la paz social en la región.