Manuel Fumagalli, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Petróleo y Energía (SNMPE), indica que los números ofrecen un panorama positivo. Pero es más importante que nunca hallar el equilibrio entre las necesidades de la población y el impulso de la economía.
No está siendo fácil, pero para reactivar el país aún hay mucho que podemos y debemos hacer. Las condiciones, nos dice el Ejecutivo, están dadas. Hace solo unos días, el actual ministro de Economía declaró que la recuperación del 10% de crecimiento para el 2021 ya no es una proyección optimista, sino una posibilidad real.
ROL EN LA REACTIVACIÓN
El actual ministro de Energía y Minas (MINEM), Jaime Gálvez, estimó que este año la inversión minera en el país alcanzará los US$ 4,200 millones, pese a la pandemia del coronavirus, y el 2021 se espera llegue hasta los US$ 5,400 millones.
Junto a ello, indicó que el sector cuenta con una cartera de proyectos de unos US$ 56,000 millones que involucran la posibilidad de construcción, ampliación, modernización u optimización de operaciones. En la última década el sector minero representó el 9% del PBI, el 16% de la inversión privada y más del 50% de las exportaciones del Perú. Por cada empleo directo que se genera en la minería se crean más de seis empleos indirectos, esto quiere decir que actualmente un millón y medio de familias peruanas son sostenidas por la actividad de la minería formal.
Por eso estamos trabajando por recuperar la producción hacia niveles prepandemia. Recordemos que entre enero y agosto, la producción minera habría caído en 19% respecto al mismo periodo del 2019, según cifras del INEI.
La minería formal se está reactivando y ha logrado aminorar la caída de manera paulatina con proyecciones de recuperación al 100% en todos los productos.
Según las últimas cifras disponibles de producción, se confirma esta tendencia y solo la minería aurífera muestra aún cierto retraso frente a los otros meta les. En cuanto a los índices de empleo, en octubre se ha llegado a una recuperación del 90% de su nivel previo a la pandemia.
EL GRAN DESAFÍO
Es clave no dejar de avanzar en la agenda de racionalización administrativa, pues la sobrerregulación y maraña burocrática que se ha generado en los últimos años solo resta competitividad, genera costos innecesarios y finalmente desincentiva la inversión.
Si bien hay señales positivas, como modificaciones al reglamento ambienta I de exploraciones, el nuevo reglamento de procedimientos minero y la simplificación de algunos procedimientos para el estudio de impacto ambiental (EIA) sobre el recojo de muestras con el Ministerio de la Producción (Produce) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Además, se debe buscar y lograr una mayor articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, a fin de generar confianza y un clima social favorable a las inversiones, fortaleciendo la institucionalidad y respeto al Estado de Derecho. La conflictividad es una realidad para el sector y las demandas justas de quienes habitan en las zonas de influencia por infraestructura y servicios públicos básicos deben ser escuchadas por un Estado que ahora, más que nunca, debe cumplir su rol.
Ejecutar el canon y las regalías mineras de manera eficiente es también parte de la solución, así como el diálogo constante en un clima de respeto y equilibrio entre las necesidades de la población y el impulso vital que necesita el sector para cumplir su parte en esta misión de salir juntos hacia la luz al final del túnel.
Fuente: Gestión
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