Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, informó que estas medidas permitirán destrabar inversión en hidrocarburos por US$ 11,000 millones.
La fecha para el debate en el Congreso del paquete de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo ha llegado. Organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo vienen solicitando a los integrantes de la Comisión de Economía para que antes de votar analicen detenidamente las medidas ambientales propuestas por el gobierno para impulsar la inversión privada.
“La norma está basada en un análisis bastante superficial y posiblemente tendencioso de las causas de la desaceleración económica. Existen muchas otras razones que no tienen que ver con el sector ambiente, pero se ha aprovechado esta coyuntura para relajar ciertas normas en función de presiones”, dijo el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano. Pero, ¿qué propone el Gobierno?
En primer lugar, reducir las multas ambientales a un 35% del monto original durante un período de tres años. Durante ese tiempo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) deberá priorizar la prevención y corrección de conductas. Además, lo recaudado en multas iría directamente al Tesoro Público y no a las arcas del ente fiscalizador.
Expertos cercanos a los gremios extractivos aseguraron que esta regulación es necesaria, pues la falta de racionalidad del OEFA habría generado arbitrariedades en los últimos dos años.
“El OEFA está obligada a incentivar la producción limpia en el Perú, pero solo se ha dedicado a multar”, señaló el experto Lorenzo de La Puente.
Sin embargo, las estadísticas de fiscalización de la OEFA demostrarían lo contrario. Desde la creación del organismo en 2008, se han impuesto 941 multas firmes, pero el 90% de ellas (845) provienen de la época de Osinergmin. Además, de los 5.517 casos de supervisión directa vistos por el OEFA desde su creación, solo el 1,7% se han convertido en multas firmes (ver infografía).
Al respecto, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, advirtió en una carta al presidente del Congreso, Fredy Otárola, que aprobar esta medida “implicaría un retroceso en la institucionalidad y la gestión ambiental en el país”. Ello pues no contribuye con el carácter de disuasión inherente a la potestad sancionadora de la administración pública en los casos de comisión de infracciones por parte de los administrados.
Y el defensor no solo pide que no se apruebe esta medida, sino que además se establezca “que los recursos que se perciban por concepto de multas por infracción a la normatividad ambiental sean destinados a un Fideicomiso, a fin de contar con los recursos necesarios para la remediación de los pasivos ambientales, tema pendiente de abordar en laagenda ambiental“.
Por su parte, Roxana Barrantes, economista del Instituto de Estudios Peruanos(IEP), consideró que las demás medidas ambientales del paquete constituyen un doble discurso del gobierno.
“Por un lado están diciendo ‘Si incumples la OEFA te puede sancionar solo si hay daño objetivo a la salud de las personas. Y por el otro están organizandola Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP20“, hizo ver Barrantes.
Hugo Gómez, presidente del OEFA, ha asegurado (al igual que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal) que la medida no afectará el funcionamiento de su entidad. Pero el presidente de la SPDA, Jorge Caillaux, no está de acuerdo.
“Haría que en términos reales sigan fiscalizando, pero muy maniatados (…) No puede aprobar esto como si fuese una propuesta técnica”, apuntó preguntándose si no hay efecto, por qué la medida reactivaría la economía.
Debe recordarse que la semana pasada Pulgar Vidal reveló que la compañía minera Yanacocha presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo para que se elimine el aporte por regulación al asegurar que es confiscatorio.
“Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos”, prometió Pulgar Vidal al mismo tiempo que explicaba así sus motivos para permanecer en el cargo.
MINAM DEBAJO DEL CM
El proyecto de ley redactado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobado por el Consejo de Ministros (CM) también propone al Congreso que el CM –y no el Minam– cree Zonas Reservadas y fije los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Esta misma reforma se aplicaría a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que sería aprobada por decreto supremo.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil aseguraron, a través de un comunicado enviado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que de aprobarse estas medidas aumentarán los conflictos sociales.
“El proyecto de ley solo beneficia al sector empresarial al pretender reducir los mecanismos de regulación del Ministerio del Ambiente (Minam) en desmedro de los derechos laborales y sociales de la población”, advierten.
Por su parte, César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en derecho ambiental, recordó que así como existen ministerios que son entes rectores en el sistema de gestión pública de educación, salud, economía, hay un sistema de gestión ambiental: el Minam.
“Ahora lo que se pretende es reducir su autoridad y su autonomía al señalar que sus instrumentos de gestión deben pasar por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que no es un órgano técnico sino político. Estamos hablando de procesos técnicos que ahora serán políticos”, dijo Gamboa.
Respecto a las Zonas Reservadas, el presidente de la SPDA, Pedro Solano, advirtió al gobierno que se trata de una medida con nombre propio con la que se buscaría impedir la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos).
“La Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que haya más ojos encima de sus operaciones”, asegura.
Según Cecilia Blume, abogada y consultora de diversas empresas, la imposición de control a la creación de los nuevos ECA es positiva pues el Minam se ha excedido de los límites razonables.
Sin embargo, el ex viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra advirtió que se ha tenido serias dificultades para cumplir con la dación y actualización de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
“El proceso se inició en 1998 y el estándar de calidad ambiental del suelo apareció el 2013. ¡15 años después! Y aún no culmina el proceso. Ahora, con la necesidad de refrendo de los sectores, este será aún más difícil. Desde luego, ese parece ser el objetivo”, concluyó Lanegra al tiempo que invitaba a los congresistas a debatir a fondo todas las medidas dictadas por el gobierno.
CLAVES
El Defensor del Pueblo pidió a los congresistas no aprobar medida que debilitaría el funcionamiento del OEFA.
Organizaciones de la sociedad civil advierten que aprobar las medidas podría llevar a incrementar los conflictos sociales.
Además, cuestionan que se dicten estas medidas en momentos en que el Perú será sede de la próxima Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP20.
ENFOQUE
Paquete limitará fiscalización ambiental
Pedro Solano
Director ejecutivo de la SPDA
El capítulo ambiental del paquete reactivador debilita la institucionalidad y legislación ambiental, no enfrenta los problemas de fondo, y genera una inequidad entre las propias instituciones del gobierno y, en especial, en el trato a los administrados al privilegiar y amparar a quienes incumplen la Ley.
Se plantea reducir y limitar las facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para imponer sanciones asumiendo que la fiscalización ambiental es un freno a la inversión. Se ha proyectado una idea errónea: que el OEFA impone multas desmedidas cuando en la práctica el sistema que aplica es gradual y el promedio de las multas no excede las 70 UIT incluyendo casos graves como el de Doe Run.
Esto no hace otra cosa que promover conductas infractoras que al final generarán mayores costos para todos. Debe tenerse siempre en cuenta que el OEFA sanciona a quien no cumple. El que cumple nunca es sancionado y esta medida genera un incentivo perverso para cometer infracciones ambientales. Si la preocupación es en torno al monto de las sanciones, el gobierno tiene la prerrogativa de revisar este aspecto. Pero no es prudente plantear un régimen de excepción para beneficiar justamente a quienes incumplen la ley.
Además, los artículos 20 y 23 del Proyecto de Ley restringen y limitan competencias técnicas inherentes al sector ambiente; como la delimitación provisional de áreas para iniciar procesos de definición de áreas protegidas (las zonas reservadas) o la fijación de estándares y límites ambientales. Pero la legislación vigente asegura la participación de ministerios y del sector privado en estos procesos. Y las zonas reservadas y las áreas naturales protegidas respetan derechos preexistentes.
Queremos un Perú con crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible. Para alcanzar estas metas es muy mala idea debilitar instituciones. Es por ello que respetuosamente solicitamos a los señores congresistas votar en contra de este capítulo y pedir al Ejecutivo que justifique las medidas bajo una visión integral y sobre la base de información técnica objetiva.
La República