El director general indicó que su gestión priorizará la formalización en regiones con altos niveles de minería informal, como Arequipa. Además, señaló que la región ha impuesto históricamente tasas elevadas que dificultan la regularización de los pequeños mineros.
El funcionario ha propuesto una reforma en la Ley MAPE para garantizar que las concesiones sean utilizadas productivamente. Aseguró que el Estado no puede permitir que terrenos concesionados permanezcan inactivos durante años.





















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