Proyecto minero Corani

Tras dos años de litigio internacional, el Estado peruano perdió el proceso que le inició la minera Bear Creek Mining en el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El proceso fue iniciado luego que se le cancelara la concesión minera Santa Ana, ubicada en el distrito Huacullani, provincia de Chucuito-Puno.

El  tribunal dispuso que el Estado peruano debe compensar a Bear Creek por un monto de US$ 30.2 millones por daños y perjuicios.

El gerente general de Bear Creek sucursal en Perú, Elsiario Antúnez de Mayolo, señaló que el fallo es de cumplimiento inmediato. Enfatizó que el laudo arbitral no puede ser apelable, aunque señaló que según el artículo 52 de los Estatutos del Ciadi se da un plazo de 120 días para que una de las partes pueda ejecutar la anulación del laudo.

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El origen

Bear Creek demandó al Estado peruano, luego que este dejara sin efecto su concesión minera en Puno.

Esta se frenó debido a una serie de protestas que se realizaron en Puno. En mayo de 2011, se protagonizaron marchas en el denominado paro del Aimarazo. Rechazaban las concesiones mineras otorgadas por el gobierno del expresidente Alan García a la empresa canadiense Bear Creek. La protesta se tornó violenta, al punto que se registraron saqueos, quema de instituciones públicas y ataques a la propiedad privada.

Para el exdirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri, se protestó porque la empresa minera se habría coludido con funcionarios del Gobierno Central para favorecerse de la concesión minera de Santa Ana. Se les otorgó la concesión pese a que estaba a 50 kilómetros de la frontera peruana. De acuerdo a ley una empresa extranjera no puede invertir en este territorio.

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Fuente: La República