Por: Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del IIMP
Esta semana el flamante presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, recibió el voto de confianza del Congreso de la República, decisión que saludamos desde nuestro gremio, pues en este momento el Perú requiere de unión y una mayor estabilidad para trabajar todos juntos en la lucha contra la pandemia.
Sin embargo, debemos expresar nuestra preocupación por la omisión de industrias estratégicas como la minería, en el discurso del primer ministro ante el parlamento, lo cual refleja incertidumbre y poca claridad para lograr la urgente reactivación económica que necesita el país.
Consideramos que hoy más que nunca se debe priorizar actividades como la minería, que nos brindarían una mayor estabilidad en términos económicos e ingresos fiscales. Esta industria representa alrededor de USD 30,000 millones en exportaciones anuales, que podrían incrementarse avizorando el panorama de los próximos años. Actualmente contamos con unos diez proyectos mineros que podrían entrar próximamente en construcción, si es que reciben un adecuado acompañamiento. Entre estos, los más avanzados son: Yanacocha Sulfuros (cobre), San Gabriel (oro), Integración Coroccohuayco (cobre) y Corani (plata), que representan alrededor de USD 3,700 millones.
Son emprendimientos que definitivamente impulsarían otros sectores económicos como la Construcción, el comercio o el transporte, que generarían empleo en distintas regiones, promoviendo esa verdadera descentralización que trae la minería.
La minería cumple un papel importante en el progreso de las regiones, y eso lo demuestra el reciente reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE), que ubica a tres regiones mineras como Moquegua (2°), Tacna (3°) y Arequipa (4°), entre las regiones más competitivas después de Lima. En la elaboración de este Índice de Competitividad Regional (Incore), edición 2020, se consideraron 40 variables que miden la situación de seis pilares distintos de competitividad: entorno económico, infraestructura, salud, educación, mercado laboral e instituciones.
Finalmente, vemos que la minería ilegal viene abriendo nuevos focos de explotación en distintas regiones, como Puno o Madre de Dios por mencionar algunas, una problemática que aún no hemos resuelto como país.
Existe una diferencia de la minería ilegal – que opera en zonas protegidas y está ligada a la criminalidad – y que debe ser erradicada y la minería en proceso de formalización, donde se deben continuar los esfuerzos de formalización y de la que dependen más de 300 mil peruanos a nivel nacional.
La mayoría de estas actividades están vinculadas a la producción de oro. Esperemos que este tema sea tomado en cuenta en el Pacto Perú, que delineará el camino de nuestro país para los próximos años.